Autor: Alexander León

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron ayer al hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido público en el Centro Histórico.

Este individuo identificado como Uriel “N” se acercó a Sheinbaum, la abrazó e intentó besarla en el cuello, realizando contacto físico sin su consentimiento. Una mujer advirtió la situación y alertó al personal de seguridad, que intervino de inmediato para separarlo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, este sujeto fue capturado en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc y fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la CDMX.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo no puede solicitar la intervención de comunicaciones privadas, ni delegar esa facultad a otros funcionarios de menor jerarquía, como son titulares de Unidades de Investigación, Acusación o Procesos.

De acuerdo con la Constitución Política Federal, la solicitud para la intervención de cualquier comunicación privada sólo puede ser presentada por la persona titular de la Fiscalía General de la entidad federativa correspondiente ante un juez federal.

Además, se invalidó la atribución contenida en la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de dicho estado para solicitar la localización geográfica en tiempo real de personas, así como la conservación inmediata de datos contenidos en redes y sistemas o equipos de informática, sin reglas específicas sobre los delitos o situaciones de urgencia. El Pleno determinó que estas facultades estaban reguladas de forma ambigua por lo que atentaban contra la privacidad y seguridad jurídica.  

De igual forma, se resolvió que el Congreso local no tiene competencia para legislar en materia procesal penal, en particular sobre los medios de apremio, es decir, las medidas como multas, arrestos o auxilio de la fuerza pública, pues esto es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

Por último, se invalidaron las normas que establecen faltas administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía ya que no se definía su gravedad, consecuencias o autoridad competente para resolverlas, generando incertidumbre jurídica.

Acción de Inconstitucionalidad 29/2025. Resuelta en sesión de Pleno el 04 de noviembre de 2025.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, rechazó este martes posponer la resolución de siete juicios fiscales promovidos por TV Azteca y Grupo Elektra, luego de que ambas empresas pidieron aplazar los fallos argumentando que enviaron una solicitud al gobierno federal para “ajustar” los montos de sus adeudos.

Es la segunda vez en las últimas dos semanas que las empresas de Ricardo Salinas Pliego intentan frenar las resoluciones de la Corte en sus juicios fiscales. En el Alto Tribunal están pendientes al menos ocho casos de compañías del Grupo Salinas, que impugnan créditos fiscales que, según estimaciones de las autoridades hacendarias, suman 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones.

Las empresas Elektra y TV Azteca justificaron su solicitud, señalando que si el SAT acepta realizar ajustes en sus deudas ya no sería necesario que el máximo tribunal emita sentencias sobre sus juicios.

“En relación con la petición de que la sentencia sea dictada hasta que la autoridad correspondiente ajuste el crédito fiscal, dígase a la recurrente que no existe disposición legal que faculte al ministro presidente suspender el dictado del fallo, máxime que en salvaguarda de la garantía de acceso a la justicia de este tribunal debe velar porque se cumplan los plazos y términos establecidos en las normas aplicables y emitir sus resoluciones de manera pronta”, señalan las notificaciones.

Junto a las solicitudes, las empresas también presentaron recursos de impedimento contra las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf para que no participen en la resolución de cinco de los juicios, pero también fueron rechazadas por la presidencia de la Corte.

La Jornada

Un motín al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) para varones de Aguascalientes dejó un total de 22 reos lesionados, tres de consideración además de que también se produjo un incendio de colchones, pertenencias y ropa de los presos.

El disturbio inició en el área de dormitorios y áreas comunes, en protesta por la “presunta” llegada del jefe de plaza del ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’, apodado “El Charro”, capturado la semana pasada, informó un vocero del centro penitenciario.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron que tres reos resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica: se trata de “Torres Quintero, César González y Walmaro Padilla, del módulo seis”, refirió el vocero del CERESO.

Por otra parte, familiares de los reclusos denunciaron el cobro de “piso” a personas privadas de la libertad con sentencia firme. Según los afectados, grupos de autogobierno exigen estos pagos con la complicidad de las autoridades.

Un grupo de jóvenes, presuntos delincuentes y pertenecientes al llamado UJ‑40 vinculado a La Unión Tepito en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México fueron detenidos, por extorción.

Los jóvenes, varios de ellos menores de edad, realizaban extorsiones en un hotel, entre los detenidos se encuentra el presunto líder, Johan Gael “N”, o “El Yohan” quien había salido recientemente del tutelar y se decía cantante de trap.

Los detenidos son Iaam “N” de 16 años, Dilan “N” de 18 años, Giovani “N” de 20 años, Carlos “N” de 16 años, Johan “N” de 18 años, Dilan “N” de 15 años y Arturo de 28 años, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Se les acusa de exigir dinero tanto a huéspedes como a empleados del hotel, bajo amenazas con armas.

Según reportes, UJ‑40 es una célula juvenil vinculada a La Unión Tepito que opera en la Ciudad de México, compuesta incluso por menores de edad y dedicada a secuestros, homicidios y cobro de piso.