Autor: Alexander León

La Cámara de Diputados aprobó anoche la ley general contra la extorsión, que prevé un tipo penal básico para sancionar el delito con prisión de 6 a 15 años, que aumentará según un listado de 34 agravantes, pero en cuatro estados donde la sanción es mayor podría permitir la libertad inmediata de al menos 600 sentenciados por ese delito.

La ley, así como las reformas al Código Penal Federal para que la extorsión amerite prisión preventiva oficiosa y se persiga de oficio, se votó por unanimidad en lo general, pero más tarde una reserva de Morena, PT, PVEM y MC para atenuar las sanciones contra policías, agentes del Ministerio Público y directivos de penales que omitan denunciar el delito dividió los votos.

En la iniciativa presidencial, así como en el dictamen, se proponía una pena de 10 a 20 años de prisión a policías, agentes del Ministerio Público, jueces y directivos de penales cómplices, pero con la reserva aprobada se redujo de 5 a 12 años.

Morena argumentó que se trata de un principio de proporcionalidad. “La gravedad de la omisión no es igual a la comisión del delito”, argumentó en tribuna el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal.

El proyecto de decreto también modificó y precisó el contenido de diversos artículos tras la aceptación de reservas, de acuerdo con lo votado por el Pleno.

En el artículo 26, se precisó que los fondos para la reparación del daño de las víctimas provendrán de procedimientos de extinción de dominio.

Además, el artículo 43, sobre la Estrategia Nacional para prevenir y combatir la extorsión, fue detallado para incluir campañas permanentes de información ciudadana, generación de información útil sobre patrones del delito y la definición de metas de seguimiento y rendición de cuentas.

El Senado de la República aprobó el día de ayer las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y a la Ley Federal de Derechos, que serán enviadas al Ejecutivo Federal para su promulgación.

Las modificaciones buscan actualizar las tasas fiscales sobre productos y servicios con riesgos para la salud y adecuar pagos por servicios públicos, incluyendo los migratorios y de telecomunicaciones.

La reforma ajusta la tasa del IEPS de 160% a 200% en cigarros, puros y otros tabacos labrados, y de 30.4% a 32% para puros y tabacos hechos a mano, con el objetivo de “hacer menos asequibles esos productos”.

También se modificó la definición de bebidas saborizadas y su cuota por litro, que pasará de $1.6451 pesos a $3.0818 pesos en 2025, buscando “lograr cambios en los patrones de alimentación de la sociedad mexicana”.

En materia de juegos de apuestas, la tasa se incrementa del 30% al 50%, con la intención de coadyuvar al combate del lavado de dinero, “obligando a los contribuyentes a transparentar sus ingresos, reduciendo espacios para operaciones ilícitas”.

Asimismo, los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos estarán sujetos a un 8% de IEPS, tanto en formato físico como en servicios digitales, para “reducir la asequibilidad de este tipo de videojuegos y cumplir con la obligación constitucional de garantizar la protección de la salud y velar por el interés superior de la niñez”.

Se aclaró que los sueros orales que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico estarán exentos del IEPS, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los contribuyentes y reforzar las medidas contra el sobrepeso y la obesidad.

Tras la votación, la Mesa Directiva turnó el dictamen al Ejecutivo.

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