Autor: Alexander León

La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó que el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda fue declarado culpable por falsificar documentos para apropiarse ilegalmente de un terreno en el municipio de San Blas.

La institución informó en un comunicado que, la audiencia de individualización de sanción fue programada para este miércoles 11 de septiembre y, “por tratarse de un asunto de interés social, la dependencia continuará informando de manera oficial y oportuna.”

La causa penal 850/2020 fue atendida por un Tribunal de enjuiciamiento durante lo que ha sido el primer juicio oral aplicado en contra de un exgobernador en México.

Sandoval Castañeda se adjudicó un terreno de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera, en Aután, municipio de San Blas y fue registrado a su nombre mediante la supuesta falsificación de la firma del propietario Rubén “N” en 2012.

El exgobernador Sandoval permanecerá en prisión por otros delitos del fuero común y por otro que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de lavado de dinero.

Aristegui Noticias

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) retiró de sus funciones operativas a dos elementos de la Dirección General de Policía de Género, después de ser captados, en videos difundidos en redes sociales, golpeando a un joven automovilista que viajaba acompañado de su esposa y su bebé. 

La dependencia informó que ambos elementos fueron identificados, relevados de su encomienda, y se les decretaron medidas cautelares por parte de la Unidad de Asuntos Internos, quien abrió un expediente para investigar los hechos.

La SSEM indicó, de igual manera, que se encuentra en búsqueda de la víctima, con el objetivo de que rinda su declaración para fortalecer la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes. 

 Proceso

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), que propone aumentar los aranceles de productos importados de países sin tratados comerciales, pasando de niveles actuales de 10-20% a entre 35 y 50% en algunos casos, y que afectaría a más de mil fracciones arancelarias.

Las medidas afectarían a las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgica, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio, con el objetivo de fortalecer la industria nacional y proteger sectores estratégicos de la economía.

Según la propuesta enviada a la Cámara de Diputados como parte de la miscelánea fiscal del paquete económico 2026, se busca “impulsar el Plan México e impulsar el mercado interno”.

Entre las importaciones que enfrentarían mayores aranceles se incluyen varillas, laminados, barras, perfiles, lingotes y tubos de acero; calzado de cuero, zapatos deportivos y sandalias; telas, tejidos, vestidos, abrigos y ropa de cama; leches cutáneas, lacas para el cabello, dentífricos, pastas y polvos para fregar; así como bañeras, duchas, fregaderos y lavabos.

La iniciativa busca, según Sheinbaum, reducir la dependencia de ciertas importaciones de insumos y asegurar que la industria mexicana aumente su capacidad de integración productiva y valor agregado.

Según la Ley de Ingresos de la Federación vigente, se estima que la recaudación por impuestos al comercio exterior alcanzaría 151,789.7 millones de pesos en 2025, mientras que para 2026 se proyecta que ascenderá a 254,756.8 millones, de los cuales al menos 70% del incremento correspondería a la ampliación de aranceles.

Aristegui Noticias

Por unanimidad de votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de extorsión para facultar al Congreso a expedir una ley general con tipos penales y sanciones contra quien cometa este delito.

Con 474 votos de todas las bancadas, las y los diputados federales avalaron y enviaron al Senado de la República el dictamen que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política en materia de extorsión.

Dicha reforma, busca dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general, en la cual se establezca como mínimo, la homogeneización del tipo penal y de sus penas, al considerar al delito de extorsión como de alto impacto, por las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado en su conjunto.

En este contexto, se indica que ley general contra la extorsión deberá unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

Es decir, detenciones mediante investigación e inteligencia, fomento a la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación a operadores en manejo de crisis y negociación y la implementación de una campaña de prevención nacional.

El Economista

El gobierno capitalino construirá el Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas, con lo cual se busca evitar que los cuerpos sean enviados a fosas comunes y tiene la meta de que el espacio tenga una capacidad para 12 mil cuerpos.

El proyecto ejecutivo ya ha sido elaborado, y se planea una inversión de 150 millones de pesos para su construcción en un espacio de cinco mil 400 metros cuadrados.

También se documentó que de 2023 a junio de 2025 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas lograron recuperar 12 cuerpos que habían sido enviados a instituciones educativas para prácticas estudiantiles y experimentación, pero que en realidad pertenecían a personas reportadas como desaparecidas por sus familiares.

Activistas señalaron que han solicitado a las autoridades la implementación de un programa para identificar los cadáveres que han sido enviados a escuelas públicas y privadas sin haber sido identificados.

El informe presentado ante el Congreso local también destaca la puesta en marcha de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desparecidas.

Se prevé la creación de un Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas, que concentrará los equipos operativos para actuar en las primeras 72 horas después de recibir un reporte.

El documento también señala que se destinaron 14 millones de pesos del presupuesto 2025 para fortalecer el Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata (GEABI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Excélsior