Autor: Alexander León

“Esto te va a servir para cuando tengas novia”, le decía el sacerdote José Miguel Flores Martínez a Javier Fernando Alcántara Cruz mientras sufría sus abusos sexuales cuando era monaguillo y su agresor era protegido por la orden católica de los Escolapios, el Vaticano, la Arquidiócesis de México y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Los casos de abuso sexual de sacerdotes católicos continúan y también la impunidad, a pesar de la política de la Santa Sede de “cero tolerancia”. Las historias siguen multiplicándose en distintas órdenes religiosas que sistemáticamente se niegan a colaborar con las víctimas en la búsqueda de justicia.

Por eso, Javier Fernando decidió el pasado mes de mayo interponer la denuncia CI-FIDCANNA/59/UI-3/C/D/02184/05-2025 por violación agravada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Desde entonces, ha peregrinado por las distintas fiscalías siendo revictimizado y sufriendo la indiferencia de la jerarquía católica. El sacerdote pederasta que también abusó de otras víctimas, supuestamente murió hace tres años, aunque no existe certeza: “no sabemos si está vivo o muerto. En el video del funeral que me dieron, el féretro nunca fue abierto”, señala.

Para buscar una reparación integral, comenta que ya interpusieron otra denuncia por la vía civil por “encubrimiento institucional” contra los tres principales involucrados: el obispo español Pedro Aguado Cuesta, superior general de los Escolapios y consultor durante 16 años del Dicterio Vaticano para la Educación y la Cultura, el padre provincial de México, Fernando Hernández Avilés, y el ecónomo José Luis Sánchez; además de la Arquidiócesis de México.

La Jornada“Esto te va a servir para cuando tengas novia”, le decía el sacerdote José Miguel Flores Martínez a Javier Fernando Alcántara Cruz mientras sufría sus abusos sexuales cuando era monaguillo y su agresor era protegido por la orden católica de los Escolapios, el Vaticano, la Arquidiócesis de México y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Los casos de abuso sexual de sacerdotes católicos continúan y también la impunidad, a pesar de la política de la Santa Sede de “cero tolerancia”. Las historias siguen multiplicándose en distintas órdenes religiosas que sistemáticamente se niegan a colaborar con las víctimas en la búsqueda de justicia.

Por eso, Javier Fernando decidió el pasado mes de mayo interponer la denuncia CI-FIDCANNA/59/UI-3/C/D/02184/05-2025 por violación agravada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Desde entonces, ha peregrinado por las distintas fiscalías siendo revictimizado y sufriendo la indiferencia de la jerarquía católica. El sacerdote pederasta que también abusó de otras víctimas, supuestamente murió hace tres años, aunque no existe certeza: “no sabemos si está vivo o muerto. En el video del funeral que me dieron, el féretro nunca fue abierto”, señala.

Para buscar una reparación integral, comenta que ya interpusieron otra denuncia por la vía civil por “encubrimiento institucional” contra los tres principales involucrados: el obispo español Pedro Aguado Cuesta, superior general de los Escolapios y consultor durante 16 años del Dicterio Vaticano para la Educación y la Cultura, el padre provincial de México, Fernando Hernández Avilés, y el ecónomo José Luis Sánchez; además de la Arquidiócesis de México.

La Jornada

Un trágico error en Tamaulipas terminó con la vida de un menor de 7 años y dejó a sus padres heridos, luego de que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tamaulipas dispararan contra su vehículo al confundirlo con el de criminales en la carretera Reynosa–San Fernando.

De acuerdo con los testimonios, la familia viajaba de manera normal cuando los disparos comenzaron a impactar la camioneta. El padre trató de detener la agresión sacando la mano por la ventana, pero los agentes continuaron hasta darse cuenta de que no se trataba de delincuentes.

El niño perdió la vida en el lugar, mientras que la madre resultó con fractura e impactos de bala y el padre con heridas en la cabeza y el rostro.

Sin embargo, de acuerdo con denuncias de la familia, elementos de la Fiscalía intentaron ofrecerles 120 mil pesos como compensación para cubrir los gastos del funeral, condicionado a que firmaran un documento otorgando el perdón a los responsables.

El padre del menor aseguró que los disparos se realizaron sin previo alto, y cuestiona que presuntos servidores públicos pretendan evitar que se finquen cargos reales.

Actualmente, la familia permanece en el hospital, exigiendo justicia y transparencia en la investigación, mientras la ciudadanía expresa su indignación ante lo que consideran un abuso de autoridad.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) encabezó operativos realizados con otras instituciones del Gabinete de Seguridad en contra de participantes en el contrabando de combustible (huachicol fiscal), entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina en la administración de López Obrador, Rafael Ojeda Durán, revelaron autoridades federales.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que estas acciones derivan del aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas realizado en marzo pasado.

Detalló que también fueron capturados empresarios y servidores públicos con órdenes de aprehensión.

Cerca de la mitad de las indígenas que habitan en América Latina y el Caribe residen en áreas urbanas, donde se insertan sobre todo en el comercio informal, el trabajo doméstico y el autoempleo, con acceso limitado a la protección social, señaló ONU Mujeres con base en datos de la Organización Internacional del Trabajo.

En el Día Internacional de la Mujer Indígena, conmemorado ayer, el organismo de Naciones Unidas detalló que casi una de cada tres de ellas trabaja sin remuneración en negocios familiares y sólo 29 por ciento tiene acceso a un empleo asalariado, conforme a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Asimismo, sus ingresos representan en promedio apenas 26 por ciento de los de las no indígenas, lo que evidencia una brecha de discriminación estructural en múltiples escalas.

Estas cifras, precisó ONU Mujeres, reflejan una “realidad de desigualdad interseccional: ser mujer e indígena significa enfrentar barreras superpuestas de género, etnicidad y clase”.

ONU Mujeres resaltó el papel fundamental que las indígenas desempeñan en el cuidado y defensa del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y la transmisión del conocimiento ancestral, la identidad cultural y el mantenimiento de las lenguas originarias de generación en generación.

Ante las crisis de los cuidados y la climática, las cuales están profundamente entrelazadas, exigió reconocer los derechos y las voces de las mujeres indígenas como cuidadoras de la vida, guardianas de la biodiversidad y protagonistas en la protección del planeta.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas destacó que el papel de las integrantes de los pueblos originarios en la historia del país ha sido fundamental. Añadió que aun con los desafíos que enfrenta este sector, “ellas continúan siendo pilares de sus comunidades”, por lo que “este día es un recordatorio de su poder, de su voz, que exige ser escuchada, y de su contribución invaluable a la construcción de un país más justo e inclusivo”.

La Jornada

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, cumplimentó una orden de aprehensión emitida en contra de Alan “N” por su probable participación en el delito de violación equiparada con violencia y violación agravada, cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada, por los hechos ocurridos en Acapulco de Juárez.

La aprehensión de Alan “N” fue posible gracias al trabajo de los elementos de la Policía Investigadora Ministerial, quienes mediante labores de campo y de gabinete, lograron su detención.

El estudiante de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero en el puerto de Acapulco, fue puesto a disposición de la juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere, a fin de que se resuelva su situación jurídica.