El Congreso de Campeche aprobó a la Ley de Expropiaciones, la cual permite al gobierno local tomar el control de terrenos y predios privados bajo el criterio de “utilidad pública”. La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor y 13 en contra, lo que representa una mayoría simple.
Los legisladores explicaron que la ley busca proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar que las obras de utilidad pública, como hospitales, escuelas, carreteras, agua o espacios comunitarios, se realicen con transparencia, reglas claras y un pago justo. “La expropiación no es despojo, sino un mecanismo que solo procede cuando existe utilidad pública comprobada”, subrayaron.
El Congreso detalló que la indemnización será justa, calculada con base en el valor comercial real del bien, nunca inferior al valor catastral, con avalúos realizados por peritos e instituciones autorizadas, garantizando objetividad y transparencia.
Aunque la oposición retomó el nombre para criticarla, el apodo ‘Ley Alito’ surgió originalmente desde el propio bloque oficialista. Fue el diputado local de Morena, Carlos Ucán, quien en tribuna relacionó la reforma con Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y actual dirigente nacional del PRI.
Carlos Ucán afirmó que la reforma permitiría al Estado recuperar terrenos que Alejandro Moreno habría adquirido a precios ínfimos, como aquellos comprados a 30 centavos el metro cuadrado, y sobre los que construyó una residencia valuada en más de 300 millones de pesos.
Los propietarios tendrán un plazo de cinco días hábiles desde la notificación o la segunda publicación para presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga, lo que es considerado un proceso legal con marco claro y procedimientos definidos.
Los Reporteros
