Las negociaciones para gravar a grandes trasnacionales, sobre todo las tecnológicas, cedieron una vez más a lo impuesto por Estados Unidos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), anunció el acuerdo relativo al gravamen mínimo que se había discutido por al menos una década, pero no exhibió el revés dado por la administración de Donald Trump.
El secretario del Tesoro de Estado Unidos, Scott Bessent, fue quien dejó claro que con este acuerdo las multinacionales estadunidenses no pagarán el impuesto mínimo global de 15 por ciento que al menos hasta octubre ya 65 países cobraban y que busca evitar que las grandes empresas transfieran sus beneficios a paraísos fiscales, a fin de reducir su carga tributaria.
“En estrecha coordinación con el Congreso, el Tesoro trabajó para alcanzar un acuerdo con los más de 145 países del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 para que las empresas con sede en Estados Unidos permanezcan sujetas únicamente a los impuestos mínimos globales estadunidenses, a la vez que se las exime del Pilar Dos”, detalló Bessent.
El secretario del Tesoro hace referencia a los amagos que se hicieron desde el Congreso de Estados Unidos para imponer un “impuesto de venganza” a empresas y personas de países que, según el gobierno estadunidense, gravaran de manera discriminatoria a las compañías estadunidenses.
Esa amenaza quedó rebasada luego de que Estados Unidos llegara a un acuerdo con los miembros del G7 (integrado también por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido). Sin embargo, este nuevo acuerdo anunciado por la OCDE, que organizó supuestas negociaciones entre 147 países, no solo afecta a esos países ricos, sino a todas las arcas públicas de los países en que operan las transnacionales estadunidenses.
Según cálculos de la OCDE, este marco para cobrar un impuesto mínimo global de 15 por ciento a las multinacionales con ingresos de al menos 750 millones de euros, dejaría 220 mil millones de dólares en todo el mundo.
“Los países de la OCDE, incluidos los de la UE y el Reino Unido, acaban de ceder ante Donald Trump su derecho soberano a gravar a las empresas que operan dentro de sus fronteras. Esto supone una subyugación alarmante de la soberanía estatal, y sin embargo se presenta como un acuerdo fiscal histórico”, comentó Alex Cobha, director ejecutivo de Tax Justice Network, un colectivo internacional de especialistas en justicia fiscal.
La Jornada
