Categoría: Nacional

La madrugada de este lunes, un sujeto en presunto estado de ebriedad arrollo con su automóvil a más de 10 personas que se encontraban a las afueras del Hospital Regional No. 200 del IMSS ubicado en la carretera México-Pachuca, en el Municipio de Tecámac, Estado de México, dejando un saldo de cuatro personas sin vida y al menos siete lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera federal México–Pachuca cuando perdió el control de su vehículo. En su trayectoria, impactó contra un taxi y posteriormente arrolló a un grupo de personas que se encontraban afuera del Hospital.

Dos personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron poco después en el hospital. Siete personas más resultaron heridas, incluyendo al propio conductor, quien será trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que dejaría viva la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y financiera de empresas y particulares, con fines de supervisión y prevención de delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, al proponer el sobreseimiento de un amparo en revisión promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

De aprobarse el próximo 9 de abril, fecha en la que el asunto está listado, la UIF podría continuar utilizando y analizando información bancaria correspondiente a un periodo de hasta 10 años del dueño de Grupo Salinas. Dicha información fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en diciembre de 2021, al igual que la de otros 78 empresarios, tras su mención en la filtración periodística conocida como Pandora Papers, relacionada con empresas offshore y posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.

El proyecto, del ministro Giova-nni Figueroa Mejía, propone revocar el amparo otorgado al magnate en agosto de 2022 por el juez federal Gabriel Regis López, el cual fue impugnado por la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su lugar, plantea concluir el juicio sin entrar al estudio de fondo, al considerar que el quejoso carece de interés jurídico, ya que la solicitud de información impugnada no le genera una afectación real ni inmediata.

Lo anterior se sustenta en que se trata de un acto inicial que no implica sanciones ni el bloqueo de cuentas y que, en caso de no detectarse irregularidades, no modifica la situación jurídica del solicitante. Asimismo, el hecho de haber conocido dicha solicitud a través de una filtración periodística no constituye, por sí mismo, un perjuicio actual.

“Nos encontramos ante un acto que no afecta de manera real la esfera jurídica del quejoso, pues únicamente constituye una comunicación inicial entre autoridades con el objeto de remitir información, misma que será analizada por la UIF conforme a sus facultades legales”, señala el proyecto.

En su demanda, Salinas Pliego impugnó la constitucionalidad de los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de los artículos 192 y 212 de la Ley del Mercado de Valores, que facultan a las autoridades a acceder a información financiera con fines de supervisión y prevención de delitos.

No obstante, si se aprueba la propuesta de Figueroa Mejía –para lo cual basta una mayoría simple–, el máximo tribunal no se pronunciará sobre la constitucionalidad de dichas normas, las cuales permanecerán vigentes y aplicables para las funciones de la UIF.

La Jornada

Un tribunal federal mantuvo abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) reinicie la investigación derivada de la denuncia de tortura presentada por Mario Aburto Martínez, único sentenciado por el homicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.

El Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México resolvió un recurso de revisión con el que ordenó reponer el procedimiento de un juicio de amparo que Aburto tramitó contra la decisión de la FGR de no proceder penalmente contra ningún exfuncionario por supuestamente torturarlo cuando fue detenido en Lomas Taurinas, Tijuana.

Esto, debido a que no fueron notificados del juicio de amparo los exfuncionarios que podrían haber torturado a Mario Aburto Martínez.

Los magistrados explicaron en la sentencia que, debido a que Aburto busca con el amparo dejar insubsistente el no ejercicio de la acción penal decretado por la FGR en el año 2024 contra ningún funcionario o exfuncionario por supuestamente torturarlo, las personas investigadas (indiciadas según el anterior sistema penal) tienen interés en que dicha determinación subsista, por lo que debieron ser llamados a juicio.

“Los indiciados mencionados en la averiguación previa origen del acto reclamado son terceros interesados quienes son titulares de un derecho (interés jurídico o legítimo), reconocido por la ley que pudiera verse afectado, en su caso, por la insubsistencia del acto”, señala el fallo del Colegiado en el expediente 192/2025.

Proceso

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que se vinculó a proceso a Jorge Eduardo “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía de Matehuala, así como a Pablo “N”, exfuncionario del Ayuntamiento municipal, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos fueron detenidos en flagrancia el 23 de marzo, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI), llevaron a cabo la detención y los pusieron a disposición del Ministerio Público.

Una vez que se integró la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios, se realizó la audiencia inicial.

Por lo tanto, se formuló la imputación por el delito contra la salud y se determinó la vinculación a proceso.

Además, la Autoridad Judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El Gobierno de México y empresarios del sector gasolinero acordaron mantener la estrategia de estabilización del precio de la gasolina regular y aplicar un esquema temporal para reducir el costo del diésel, informó la Secretaría de Energía (Sener).

La dependencia señaló que, a un año de su implementación, la estrategia para contener el precio de la gasolina regular ha operado con la participación voluntaria de empresas y la intervención de distintas entidades públicas. En un comunicado, la Sener señaló que este mecanismo ha permitido mantener el precio del combustible por debajo de 24 pesos por litro, condición que continuará vigente.

Aseguró que el contexto del incremento internacional en los precios del petróleo y sus derivados, ha presionado a los combustibles a nivel global, por lo que el gobierno y los representantes del sector gasolinero establecieron una medida extraordinaria para el diésel.

De acuerdo con la Sener, el objetivo es reducir su precio en los próximos días en todo el país mediante un esquema similar al aplicado a la gasolina regular. La dependencia precisó que la disminución se implementará conforme a condiciones operativas como inventarios, logística, distribución, precios en terminales y los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El acuerdo también incluye la participación mayoritaria, aunque voluntaria, de empresas gasolineras, las cuales reflejarán los ajustes en el precio del diésel en función de esos factores.

Aristegui Noticias

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Hernán “N”, identificado como Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del hoy senador Adán Augusto López Hernández, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

En un boletín difundido esta noche, la institución aseguró que con este nuevo mandamiento judicial suman ya 19 órdenes de aprehensión emitidas; sin embargo, no precisó a qué caso o carpeta de investigación corresponde el cúmulo de mandatos relacionados con el delito de desaparición forzada.

La FGET detalló que la orden fue librada por un Juez de Control tras el análisis de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

La dependencia precisó que Bermúdez Requena ya se encuentra recluido en el Penal Federal Número 1, donde enfrenta un proceso penal distinto.

De acuerdo con la Fiscalía, de las 19 órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones, 10 personas ya fueron vinculadas a proceso.

Proceso

Los restos óseos hallados la semana pasada sí son de Marco Antonio Sauceda, hijo de la madre buscadora Ceci Flores, y quien desapareció desde 2019.

Así lo confirmó la organización Jóvenes Buscadores de Sonora, que confirmó que los restos encontrados “han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha”.

Las pruebas de ADN, que anunció Ceci Flores la semana pasada, confirmaron su identidad, de acuerdo con la información dada a conocer la noche del lunes 30 de marzo.

“No existen palabras suficientes para describir este momento… aunque hayan pasado los años, nunca se está preparado para recibir una noticia así“, escribió la organización en Facebook.

Tras confirmarse que los restos hallados el 24 de marzo en el kilómetro 46 de la carretera 26 en Hermosillo, Sonora, la organización de buscadores expresaron su agradecimiento a todas las familias que ayudaron a la búsqueda de Marco Antonio Sauceda, así como a medios de comunicación que les dieron voz durante la búsqueda del hijo de Ceci Flores.

Los buscadores agradecieron a los tres niveles de Gobierno que ayudaron en el proceso, y a todas las personas que compartieron publicaciones en redes sociales relacionadas con el hombre desaparecido.

“Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y memoria. Marco Antonio, siempre vivirás en nosotros… Promesa cumplida”, finalizó la organización su comunicado.

El Financiero

El Gabinete de Seguridad Federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) confirmaron la desarticulación de una célula vinculada al grupo delictivo “Cabrera Sarabia”, un grupo históricamente aliado al Cártel de Sinaloa desde su fundación décadas atrás.

La detención ocurrió en las inmediaciones de un concurrido centro comercial ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac, dentro del perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el reporte oficial del Gabinete de Seguridad, el seguimiento a diversas líneas de investigación sobre el trasiego de drogas en la capital permitió ubicar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

Durante la revisión, los uniformados localizaron 50 kilogramos de metanfetamina, los cuales estaban destinados a su comercialización en dosis menores.

Las autoridades señalaron que esta acción representa una afectación directa a las finanzas de los grupos generadores de violencia que operan en la ciudad. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.