Categoría: Política

En medio de la tensión política y las diferencias en torno a la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que será Morena quien defina si va en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la elección intermedia de 2027.

Explicó que las decisiones relacionadas con la estrategia electoral corresponden a la estructura del partido y no a la administración federal.

La mandataria reconoció que las recientes diferencias legislativas obligan a replantear la relación política entre los partidos.

Sheinbaum subrayó que, más allá de las discrepancias, será la ciudadanía quien evalúe el desempeño de estas fuerzas en las urnas

El PT y el PVEM votaran en contra de puntos clave de la reforma electoral impulsada por Morena y por la mandataria, incluyendo la propuesta para adelantar la revocación de mandato a 2027.

Además de esta declaración, la semana pasada la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde, advirtió la posibilidad de romper la alianza con el PVEM en San Luis Potosí, en caso de que ese partido impulse como candidata a la gubernatura a Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Proceso

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que limita las jubilaciones y pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza en los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito y las empresas de participación estatal mayoritaria.

El pleno aprobó por 458 votos a favor y cero en contra la reforma al artículo 127 constitucional que fija que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo.

La reforma excluye a las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva.

La reforma será enviada a los Congresos locales para su discusión, de aprobarse en 17 estados será Constitucional.

Proceso

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, con la eliminación de las modificaciones al artículo 35 de la Constitución, por lo que la consulta de revocación de mandato se mantiene sin cambios y se realizaría hasta 2028, no en 2027.

La reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por 87 votos a favor y 41 en contra, luego de que el Pleno avalara a mano alzada la reserva del Partido del Trabajo (PT) para retirar los cambios sobre la revocación de mandato.

De acuerdo con los legisladores, la eliminación del artículo 35 fue resultado de un acuerdo político entre Morena y el PT para preservar la unidad de la coalición gobernante y evitar una ruptura.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó: “Hicimos todo un trabajo privado para dar resultados en el pleno, actuamos cuidando la arquitectura legal del país porque con una visión de Estado, cuidamos a la coalición que ha sido, es la coalición gobernante y que ha generado un cambio estructural al sistema político a través de la Constitución”.

Añadió que, pese a las diferencias, la alianza se mantiene: “Y hoy uno de nuestros aliados decide no acompañar una parte de la iniciativa, pero mantiene vivo los principios que nos animaron a unirnos como coalición”.

Aristegui Noticias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó presiones durante la revisión del T-MEC por el déficit de México a Estados Unidos en las cuotas de agua establecidas en el tratado en la materia de 1944.

En la mañanera, a cuestionamiento sobre la petición del senador republicano por Texas, John Cornyn, para que durante las revisiones conjuntas sobre el tratado comercial, prevista para 2026, se incorpore el “incumplimiento” en el pago de las cuotas de agua, la mandataria federal reviró que el legislador estadunidense “a lo mejor no está enterado el senador”, pues hay acuerdo bilateral en que ese adeudo se liquidará.

“Recuerden que tratado de 1944 establece periodos de cinco años para poder entregar una cierta cantidad de metros cúbicos del agua, nosotros del Río Bravo, y ellos del Colorado. En los últimos cinco años México no pudo entregar la cantidad de agua (correspondiente) porque fueron años de mucha sequía, no había condiciones para entregarla”.

La jefa del Ejecutivo expuso que ante ello, se negoció y se alcanzaron acuerdos para que ese déficit sea liquidado en el siguiente periodo de cinco años (es decir, el correspondiente a 2026-2030).

“En algún momento se firmó un anexo para que se entregara siguiente periodo. Ahora, acordamos una entrega acorde a la cantidad que existe, no se puede entregar la que no tenemos o afectar el consumo de agua en el país o el riego agrícola”.

Asimismo, planteó la presidenta, “en este momento” se discuten entregas inmediatas en una, dos o tres semanas. “Cuestiones de tiempo que son menores. Pero hay un acuerdo para la entrega de agua”.

La Jornada

Avanza en el Senado el plan B de la reforma electoral. Las comisiones aprobaron el dictamen que el pleno discutirá este miércoles, con 24 votos a favor de Morena y el Verde, y 11 en contra de PAN, PRI y MC.

El PT, que se ha pronunciado en contra de que la revocación sea en 2027, no acudió a la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

La propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo destaca que el objetivo es acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia

Durante el debate, Morena y Verde señalaron que es una reforma que fortalece la participación ciudadana, termina con privilegios, fortalecer la democracia participativa y genera ahorros para atender demandas ciudadanas.

Imer

El Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California dictó auto de vinculación a proceso penal a Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador y senador de Morena, quien en la actualidad es dirigente estatal del Partido del Trabajo.

La mañana del 24 de marzo de 2026, un juez lo vinculó a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.

El proceso de Bonilla Valdez es en calidad de coautor y se le atribuyó el título de dolo.

Su situación jurídica es por la contratación durante su periodo de gobernador de la empresa Next Energy para construir una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali.

El contrato comprometía a la administración estatal a pagar 123 millones de pesos mensuales por 30 años lo que representaba una carga financiera de 35 mil millones de pesos, cuyo pago se garantizaba con las aportaciones de la Federación por participaciones federales.

Además de la primera quita que hizo Banca Firme por una obra que no se construyó, se realizó una inversión estatal de 1 mil 300 millones de pesos por garantía durante la inversión inicial de la planta.

La Jornada

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó este lunes diversas reformas constitucionales y normas de Nayarit, Durango y Guerrero por no ajustarse a la reforma judicial federal, con lo que fija criterios nacionales rumbo a la elección judicial de 2027.

Entre los puntos anulados destaca el caso de Nayarit, donde invalidó el mecanismo de evaluación y aprobación de candidaturas a través de un Comité Estatal único, al considerar que contraviene el modelo de la Constitución federal, que exige un comité por cada poder.

“Se aparta del modelo constitucional que prevé que cada uno de los poderes va a tener su propio Comité de Evaluación… Es inconstitucional, no puede haber un Comité Único de Evaluación, tiene que haber tres Comités”, dijo el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

El pleno también reconoció la omisión del Congreso local de incorporar la insaculación y paridad de género, conforme los cuales cada Poder, según el cargo, debe integrar listas de entre seis y 10 personas.

Los asuntos fueron analizados mediante tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), bajo la ponencia de la ministra, María Estela Ríos González.

Sobre la reforma de Durango, determinó que es inválido establecer que las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial duren nueve años y no seis años. También declaró la norma que estableció que las sesiones del Tribunal Superior de Justicia sean privadas y excepcionalmente públicas.

Por otra parte, el alto tribunal también determinó la invalidez del esquema previsto en la Constitución de Guerrero para la designación, por única ocasión en 2027, de la Presidencia del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.

La decisión se sustentó en que dicho mecanismo no se ajusta a los parámetros del modelo federal vigente, por lo que no puede ser aplicado en los términos planteados por la normativa estatal.

La Jornada

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció en conferencia de prensa, que designó a Rosario Robles Berlanga, como coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México, quien se encargará de “sumar” a la sociedad civil.

“Los vamos a sumar a todos, porque sumándolos somos más y con eso le vamos a ganar a Morena en las próximas elecciones”, afirmó, al aclarar que el PRI trabajará “para que desde lo local se construyan las más amplias alianzas y coaliciones en el país”, quizá porque sus homólogos del PAN y MC ya rechazaron ir en alianza con el PRI a nivel nacional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la extinción de 109 fondos y fideicomisos ordenada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para destinar esos recursos a la atención de la pandemia por Covid-19, por lo que puso fin a la disputa iniciada en 2020.

El ministro Arístides Guerrero propuso declarar infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición al estimar que la desaparición o modificación de los fideicomisos no elimina las obligaciones estatales, sino que modifica la vía para cumplirlas, sustituyéndolas por mecanismos presupuestarios directos u otros mecanismos. Su propuesta fue avalada por siete votos a favor.

Asimismo, el análisis del ministro descartó afectaciones a derechos fundamentales, pues diversas leyes reformadas prevén que las dependencias correspondientes deben seguir financiando las mismas finalidades con cargo a sus respectivos presupuestos.

Entre los fideicomisos sepultados se encuentran aquellos destinados a la ciencia, cultura, deporte, medio ambiente y atención a víctimas, cuya desaparición ya se había avalado el 12 de enero al resolver una controversia constitucional promovida por los gobernadores de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Jalisco.

El Financiero

La carta de antecedentes penales dejó de ser un requisito legal en Michoacán para poder ser candidato en elecciones locales, luego que el Congreso del Estado aprobó por mayoría reformar el Código Electoral del Estado y derogar, en su artículo 189, la disposición que exigía dicho documento.

Al argumentar que con esta medida se elimina “una simulación normativa” y se mantienen los candados reales para las candidaturas, la diputada Diana Espinoza Mercado, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, subrayó que “derogar la carta de antecedentes penales no abre la puerta a la delincuencia, lo que hace es eliminar un requisito que los máximos tribunales del país ya consideraron inconstitucional y, además, ineficaz para acreditar la elegibilidad”.

La alusión de la legisladora petista se relaciona con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad 133/2022, en la que determinó que solicitar cartas de antecedentes penales como requisito se aparta de la Constitución General de la República, ya que afecta el derecho político-electoral de la ciudadanía a ser votada para los cargos de gobernador, diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.

“Defender la seguridad no significa conservar un requisito decorativo”, argumentó Diana Espinoza, quien sostuvo que en Michoacán ya existen controles legales que garantizan dicha protección.

La defensa de la reforma al Código Electoral local se centró en el fortalecimiento del principio de presunción de inocencia, con el objetivo de “fortalecer los derechos político-electorales de la ciudadanía”.

“La carta de no antecedentes penales no define si la persona que tiene antecedentes está sentenciada o no; es decir, una persona puede tener antecedentes sin ser culpable y, por tanto, seguir siendo inocente. En consecuencia, no se le puede limitar su derecho a votar y ser votado”, señaló.

Proceso