En votación unánime, la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley de la Economía Social y Solidaria, teniendo como objetivo impulsar la igualdad sustantiva y la no discriminación, además del reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Entre los cambios figura que las organizaciones del sector social deberán regirse bajo principios de igualdad sustantiva en su vida interna, así como la sustitución del término “trabajadores” por “personas trabajadoras”, con el fin de adoptar un lenguaje incluyente.
Dicha actualización responde a las reformas constitucionales publicadas en 2024 sobre igualdad y derechos de pueblos originarios, y busca alinear el marco legal con esa nueva realidad.
La intención es que las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas participen plenamente en el sector social de la economía, garantizando un acceso equitativo a derechos y oportunidades.
