Categoría: Nacional

Desde octubre de 2025 autoridades del Registro Civil de todo el país fueron alertadas sobre la existencia de una “gran red” dedicada a la venta ilegal de actas de nacimiento y matrimonio a personas extranjeras, principalmente migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o permanecer en México ante “el cierre” de la frontera norte.

La denuncia fue expuesta durante la XLV Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Conafrec), celebrada en Zacatecas. Dos meses después, el 5 de diciembre, la Policía Municipal de Tapachula y la Guardia Estatal desmantelaron un cibercafé ubicado a un costado de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), donde diariamente acuden cientos de migrantes provenientes de África, Asia, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica para realizar trámites migratorios.

Durante el operativo, las corporaciones de seguridad detectaron que el cibercafé era operado por dos hombres que se hacían pasar por abogados y ofrecían a los migrantes gestiones ante la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM). Los supuestos gestores cobraban entre dos mil 500 y cinco mil pesos por trámite.

Uno de ellos, de entre 35 y 40 años de edad y aproximadamente 1.75 metros de estatura, y el segundo, de entre 32 y 35 años y 1.70 de altura, aseguraban haber sido enviados desde la Ciudad de México para “agilizar” procesos. Hasta la fecha, ambos continúan prófugos.

Proceso

El conglomerado empresarial Grupo Salinas informó este jueves que sus empresas han finalizado la totalidad de los litigios fiscales con el gobierno, tras comprometerse a pagar 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, los cuales serán liquidados en parcialidades.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que del adeudo, “10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”.

Según el texto difundido por el conglomerado dirigido por Ricardo Salinas Pliego, este movimiento financiero salda cualquier diferencia con las autoridades fiscales mexicanas.

“Con este pago -que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024– habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, dice el boletín de Grupo Salinas.

Pese a la resolución del conflicto, la compañía manifestó su inconformidad con las condiciones del acuerdo y acusó una supuesta campaña en su contra.

Aristegui Noticias

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglás en inglés) y las fuerzas de seguridad de México realizaron una operación conjunta que derivó en la captura de Ryan Wedding, el exatleta canadiense acusado de liderar una red transnacional de tráfico de cocaína.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la detención del ciudadano canadiense fue el resultado de una incursión coordinada que incluyó al Equipo de Rescate de Rehenes del FBI, una unidad táctica de élite que operó en territorio mexicano.

La caída de Ryan Wedding, conocido como “Thor“, marca el inicio de una estrategia donde el FBI ya mapea nuevos objetivos en México para realizar operaciones similares.

Según fuentes estadounidenses, la participación de agentes extranjeros en el operativo del pasado 22 de enero se pretendía mantener bajo reserva para no vulnerar las leyes mexicanas que prohíben la intervención física de agencias foráneas en detenciones dentro del país.

Político MX

Sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron a balazos la noche del pasado lunes a Eduardo Castañeda Cerón, presidente auxiliar de la comunidad de San Mateo Ayecac, perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.

Los agresores escaparon de manera inmediata del sitio, mientras que familiares y vecinos salieron de sus hogares para ver lo que ocurría, momento en que decidieron trasladar al funcionario hasta el Hospital de San Martín Texmelucan a quien se ingresó a urgencias y hasta ahora se reporta en estado grave de salud. 

En el sitio de la agresión se aseguraron cinco casquillos percutidos.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y sus homólogos del Estado de México, lograron la detención se Juan ‘N’ alias El Seven, presunto líder de La Familia Michoacana, quien se escondía en Amecameca.

La detención se logró por una orden de reaprehensión por el delito de homicidio calificado.

El sujeto fue detenido en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez.

Como parte de la investigación, se identificó que el señalado está relacionado con delitos de alto impacto en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

El detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en donde un juez determinará su situación jurídica.

La Jornada

La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 que tuvo como saldo 14 muertos, se debió al exceso de velocidad con que viajaba el conductor.

En un mensaje videograbado, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, afirmó que la institución ejercerá acción penal, sin precisar contra quién o quiénes, por homicidio culposo y lesiones culposas.

Explicó que derivado de las primeras diligencias de investigación fue posible concluir que el tren funcionaba adecuadamente.

Sin embargo, conforme a la información obtenida de la caja negra fue posible confirmar que el tren iba a exceso de velocidad al momento del accidente.

“El tren llegó a velocidades de 111 km/h en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 km/h, lo que implica que transitaba 41 km por encima del límite autorizado”, señaló la fiscal.

“Asimismo, llegó a la velocidad de 65km/h en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 km/h, es decir, 15 km arriba del límite permitido”.

Añadió que las investigaciones no han concluido pero que las diligencias que permanecen pendientes permitirán a la FGR descartar cualquier otra causa que pudiera haber provocado el accidente y confirmar que fue el exceso de velocidad con la que era operada el tren.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Marina (Semar), al momento del accidente viajaban 25 personas en el tren, compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones.

Aunque el pasado 19 de enero en su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que determinarán responsabilidades en los ingenieros de la vía ferroviaria construida por Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V., administrada por la Semar, la fiscal no refirió nada al respecto.

Proceso

Después de la continuación de la audiencia celebrada este lunes, en la cual se atendió el asunto del incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fueron vinculadas a proceso seis personas y una persona moral, representante de la empresa.

Se trata de los primeros sujetos bajo proceso legal de dicho siniesto ocurrido el pasado 1 de noviembre, donde fallecieron 24 personas, entre ellas una mujer embarazada, y 15 personas resultaron heridas en diferentes grados.

La Fiscalía de Sonora detalló que la resolución fue emitida por un juez de control, quien consideró que existen elementos suficientes con la finalidad de abrir un proceso penal en contra de los imputados.

En el caso, la representación social mostró evidencias periciales, documentales y testimoniales que permitieron acreditar de forma diferenciada la existencia de los hechos, y la presunta responsabilidad de seis personas y una persona moral, por los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y empleo de documentos falsos.

El juez determinó que las personas vinculadas a proceso continúen bajo medidas cautelares en libertad, imponiéndoles como obligación la presentación periódica, exhibición de garantía económica y la prohibición de salir del estado.

Las medidas exceptúan al representante legal de la empresa, a quien el juzgador consideró procedente la prisión preventiva justificada, sin que esta se haya ejecutado debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, situación que será impugnada por la FGJE.

Se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, a lo largo de la cual se fortalecerán las pruebas para el esclarecimiento total de los hechos.

El Universal

Las primeras líneas de investigación tras el asesinato de 11 personas cuando se encontraban en una cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, apuntan a que los autores materiales e intelectuales de la masacre fueron integrantes del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Fuentes del gobierno federal confirmaron que previo a la matanza, se habían colocado dos mantas con amenazas que ese grupo delictivo lanzó contra sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la comunidad Lomas de las Flores, ubicada en Salamanca, Guanajuato.

Los cárteles de Santa Rosa y de Jalisco Nueva Generación mantienen una disputa territorial por el control Guanajuato desde hace siete años, provocando un incremento en la inseguridad del estado.

Las indagatorias de autoridades federales también señalan que cinco de las víctimas del homicidio múltiple trabajaban para una empresa de seguridad privada que ha sido vinculada al Cártel Jalisco, por lo que esa es la principal línea de investigación sobre este crimen.

Las indagatorias también señalan que el responsable directo del ataque es un sujeto identificado como Moisés Soto Bermúdez, actual cabecilla de un grupo de sicarios denominado “Los Marros”, nombre que apela al fundador del Cártel de Santa Rosa, José Antonio Yépez Ortiz, actualmente detenido, pero que sigue operando desde prisión, según una denuncia del gobierno de Estados Unidos.

Además de su posible participación en la masacre de Salamanca, a Soto Bermúdez también se le señala por distribución de droga, ordenar homicidios y el cobro de extorsiones en contra de productores en Irapuato, Guanajuato.

“Los Marros” operan bajo el mando de otro presunto líder del grupo delictivo que ha sido identificado como Mario Eleazar Lara Belman, alias “Negro”, “Camorro” y/o “Gallo”, a quien también

Mario Eleazar Lara también está identificado como generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya; cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado y se le relaciona con los delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y desaparición forzada de personas.

Soto Bermúdez y Lara Belman son considerados objetivos prioritarios de las fuerzas federales, ya que son generadores de violencia en el estado y tienen mandamientos judiciales pendientes.

Aristegui Noticias

El sacerdote salesiano Jaime Reyes “N.” fue vinculado a proceso el pasado mes de diciembre tras la denuncia presentada por el padre Pedro Mario Ayala Ceja. No obstante, la juez del caso lo procesó por el delito de abusos deshonestos y no por abuso sexual, lo que significaría una pena menor en caso de ser hallado culpable.

Pedro Mario acusó a Jaime Reyes de haber abusado sexualmente de él durante años cuando era menor de edad y apenas comenzaba su vida religiosa. Jaime fue el líder espiritual de Pedro Mario durante su formación espiritual en la congregación salesiana y desde esa posición de poder cometió múltiples actos de acoso y violencia sexual.

Mientras las investigaciones se formalizan y avanzan, la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, como se conoce oficialmente a los Salesianos, continúa protegiendo al padre acusado de ser un reiterado abusador sexual y manteniendo el caso en secreto, sin posicionamientos públicos o internos, señalaron Pedro Mario, sus abogados y dos fuentes cercanas a la congregación en entrevistas con este reportero.

El proceso penal contra Jaime Reyes se encuentra en medio de dos amparos: uno por parte de la defensa del acusado y otro por los representantes de Pedro Mario.

El equipo legal de Pedro Mario explicó que la jueza basó el auto de vinculación a proceso en el Código Penal de Guanajuato de 1996, vigente en la época de los hechos, el cual tipifica la conducta como abusos deshonestos. Sin embargo, esta clasificación resulta perjudicial para la víctima, ya que bajo esa normativa antigua el delito es considerado menor, no contempla las agravantes actuales y conlleva una pena que no rebasa los dos años de prisión.

Aristegui Noticias