A 31 años del magnicidio, el caso Colosio volvió a los tribunales del país con la recaptura del exagente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien es considerado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el segundo tirador.
El fin de semana, un juez federal dictó auto de formal prisión a Sánchez Ortega por su probable participación en el homicidio calificado del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz, la reactivación del caso permite al gobierno federal sostener la narrativa de que la justicia sí llega, aunque llegue muy tarde, y aunque los hechos estén marcadamente debilitados por el tiempo”.
Explicó que la FGR, encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, revivió la teoría del “segundo tirador”, un planteamiento controvertido que ha sido desechado, recuperado y vuelto a desechar desde 1994.
Lo anterior, sin pruebas nuevas, sin peritajes verdaderamente recientes y sin evidencia técnica que justifique la resurrección de un expediente debilitado por décadas de irregularidades, omisiones y silencios.
Ante ello, Zamudio Díaz advierte que esta decisión refleja una tendencia institucional preocupante: la justicia histórica avanza mientras la justicia del presente permanece estancada.
El abogado constitucionalista puntualiza que reabrir un expediente histórico es políticamente cómodo, ya que no implica tensiones con actores actuales ni confronta estructuras vigentes.
Agregó que, a más de 30 años del asesinato de Colosio Murrieta, toda reconstrucción pericial es precaria, buena parte de la evidencia se encuentra deteriorada y, por lo mismo, los eventuales testimonios pierden fiabilidad por el paso del tiempo.
El Universal
