La ministra Lenia Batres Guadarrama elaborará el proyecto con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá si debe mantenerse vigente la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al ser acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el Pleno de la Corte atrajo el pasado 8 de octubre, con una votación dividida de cinco a cuatro, el amparo en revisión 54/2024, pero en ese momento no se asignó de inmediato a un ministro.
En este caso, el máximo tribunal del país analizará el recurso promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el amparo que una jueza federal de Reynosa concedió al exgobernador en noviembre de 2023, mediante el cual se dejó sin efecto una orden de aprehensión.
La ministra Batres deberá elaborar el proyecto que será sometido a votación del Pleno. Mientras tanto, el proceso sigue su curso, pues hoy la Corte notificó en listas electrónicas que concedió a la defensa del exmandatario estatal acceso al expediente electrónico del caso de su cliente.
El proceso tiene su origen en la orden de captura emitida el 4 de octubre de 2022 por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, a solicitud de la FGR, que acusó a García Cabeza de Vaca de diversos delitos derivados de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con la FGR, entre otras conductas delictivas, el exmandatario habría beneficiado desde su cargo a empresas de las que era socio, otorgándoles contratos públicos por un monto de 105 millones de pesos.
El 11 de octubre de 2022, García Cabeza de Vaca promovió un amparo indirecto en Tamaulipas, argumentando la ilegalidad de la orden de aprehensión. El 27 de febrero de 2023, el juez Faustino Gutiérrez Pérez, del Juzgado Octavo de Distrito, le concedió la protección de la justicia federal. Inconforme, el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión, y el 17 de agosto de 2023 el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento.
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2023, la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, del mismo juzgado, volvió a otorgar el amparo al exgobernador. En su resolución ordenó al juez Enrique Beltrán Santes, con sede en Almoloya de Juárez, dejar sin efecto la orden de aprehensión del 4 de octubre de 2022 y emitir una nueva determinación en la que señaló que “no existen datos que acrediten que se han cometido hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada… ni la probabilidad de que (el exgobernador) los haya cometido o participado en su comisión”.
