Categoría: Nacional

Por unanimidad, el Pleno de la SCJN multó este jueves a Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp., tras determinar que la compañía recurrió a “argucias procesales” para dilatar un juicio fiscal de 2 mil 868 millones de pesos. El recurso presentado buscaba apartar del caso a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, alegando falta de imparcialidad.

La multa impuesta fue de 70 UMA, cerca de 8 mil pesos, pero los ministros destacaron su carácter ejemplar, como un freno a estrategias que prolongan los juicios y generan la percepción de que los retrasos recaen en la Corte. La ministra María Estela Ríos González enfatizó que la medida busca “atajar estas argucias procesales que tienden a alargar los juicios innecesariamente”.

El caso se deriva del amparo directo en revisión 726/2025, aún pendiente de resolución, mediante el cual la minera impugna un crédito fiscal del SAT correspondiente a omisiones en ISR, IETU, actualizaciones, recargos y multas del ejercicio 2012. Posteriormente, promovió el recurso de impedimento 44/2025 contra la ministra Esquivel Mossa.

El proyecto del ministro Arístides García Guerrero declaró infundados los señalamientos de la minera, al considerar que no existían elementos objetivos que justificaran el impedimento. La ministra Lenia Batres coincidió en que era necesario cerrar la puerta a estrategias dilatorias que retrasan la resolución de juicios millonarios.

En meses recientes, casos similares han sido reportados, como los recursos promovidos por Grupo Salinas, que buscaron retrasar la resolución de tres juicios de amparo por casi 35 mil millones de pesos, evidenciando un patrón de uso de la Corte para dilatar procesos fiscales. La sanción a Primero Empresa Minera marca un precedente en la lucha contra estas prácticas.

La Jornada

El día de ayer se informó de la detención del sargento Yahir Manuel Ramírez de la Cruz, quien fue acusado del feminicidio de la elemento de la Guardia Nacional Stephany Carmona de 19 años de edad.

Sin embargo, lo que se ha dado a conocer es que la detención de Yahir Manuel Ramírez de la Cruz se debe por los delitos de deserción y desobediencia de la Guardia Nacional, los cuales no ameritan prisión preventiva.

Aunque la carpeta e investigación por el feminicidio de Stephany Carmona ya fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR); no se ha liberado una orden de aprehensión en contra de Yahir Manuel Ramírez de la Cruz por este delito.

Esto pone en riesgo la continuidad del proceso por el feminicidio de la elemento de la Guardia Nacional, quien fue encontrada muerta con balazos en la cabeza al interior del Cuartel General del 51º Batallón en Guerrero, mientras que Yahir Manuel Ramírez de la Cruz se dio a la fuga.

También se reveló que la detención de Yahir Manuel Ramírez de la Cruz se realizó el pasado 18 octubre en Llano Grande, Acapulco en Guerrero; sin embargo, la familia de Stephany Carmona fue notificada después, por lo que señalan que se les ha ocultado información.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra de 14 agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California por su presunta participación en el robo de 180 kilogramos de cocaína en el municipio de Tijuana, ocurrido el pasado 4 de octubre en la zona conocida como Ojo de Agua.

La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó que los indicios apuntan directamente a miembros de la FESC, quienes, según investigaciones de inteligencia, habrían operado para desviar el cargamento en colaboración con el Cártel de los Arellano Félix (CAF).

Durante el robo, se detectó que los agentes involucrados habrían intentado trasladar la droga “por la libre”, sin pagar a ningún cártel rival, lo que generó la intervención y seguimiento por parte de las autoridades federales. Además, Andrade Ramírez aclaró que las narcomantas recientes en la región no estaban dirigidas en su contra, sino que forman parte del clima de advertencia y presión generado por estas organizaciones criminales.

Tras ser expulsado de Cuba y trasladado a México, el ciudadano chino Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, fue entregado a autoridades de Estados Unidos para ser juzgado en esa nación por narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dong Zhang es considerado uno de los más importantes traficantes de fentanilo y precursores químicos a escala internacional, y de siministrar sustancias para elaborar drogas sintéticas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dong Zhang fue detenido en Cuba el 31 de julio, 20 días después de evadirse de una casa en la Ciudad de México donde permanecía en prisión domiciliaria, pero su captura se informó oficialmente por parte del gobierno mexicano el pasado miércoles, sin señalar la fecha en que fueron notificados de la aprehensión.

El gabinete de seguridad dio a conocer el miércoles: “tras un intercambio de información interinstitucional se tuvo conocimiento que esta persona fue detenida en Cuba junto con dos personas, una de nacionalidad mexicana y otra china”.

El ciudadano chino fue detenido en la Ciudad de México en octubre de 2024 y permaneció encarcelado hasta el 11 de julio pasado ya que estaba sujeto a proceso de extradición a solicitud del gobierno estadunidense. En esa misma fecha sucedió que un juez federal le concedió el beneficio de prisión domiciliaria y se evadió del inmueble donde estaría bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional, a través de un túnel que había sido preparado y que las autoridades no detectaron.

La Jornada

En un operativo realizado por la Policía de Investigación, en coordinación con la Guardia Nacional, lograron la detención en flagrancia de seis personas, cinco del sexo masculino y una femenina, por su probable participación en la venta y distribución de drogas, además de ser señalados como miembros de un grupo criminal generador de violencia.

Los delincuentes se identificaron como Miriam “N”, Lorenzo David “N”, Gerardo “N”, Pantalion “N”, Víctor Daniel “N” y Jonathan “N”, todos detenidos en calle Playa Chemuyil del fraccionamiento Xcacel, en Playa del Carmen.

Durante un operativo, los elementos se percataron de que cuatro masculinos afuera de un vehículo tipo Aveo, manipulaban sustancias similares a estupefacientes, por lo que procedieron a realizarles una inspección.

Los agentes les aseguraron marihuana, armas de fuego cortas y teléfonos celulares. En el interior del vehículo encontraron armas largas, cartuchos útiles y cargadores metálicos, además de dos personas más, con sustancias parecidas a estupefacientes.

Las seis personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica dentro del término legal correspondiente.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó la segunda entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2024, en la que resaltó que de 190 auditorías realizadas al Gobierno Federal determinaron que el monto pendiente de aclarar es por más de 5 mil 100 millones de pesos. 

En la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, señaló que, de ese monto, 11% corresponde a entes del gobierno federal, y el 89% de las entidades federativas. 

El auditor detalló que más de 550 millones de pesos quedaron pendientes de aclarar por parte de los entes del gobierno federal, siendo el Poder Judicial el que concentró el 49% del monto total observado en este orden de gobierno.

Respecto al sistema subnacional de gobierno, en las entidades federativas, se detectaron presuntas irregularidades por más de 4 mil 600 millones de pesos, de los cuales más del 35% de este monto fue determinado en las auditorías efectuadas a los servicios de salud prestados por los gobiernos estatales, mismos que fueron financiados con recursos de origen federal.

David Colmenares también informó que las entidades que no tuvieron montos por aclarar fueron la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas. Proceso

Una niña de cinco años murió tras sufrir la picadura de un alacrán dentro del Jardín de Niños “Ignacia E. de Amante”, en Hermosillo, Sonora.

A pesar de recibir atención médica de emergencia en el Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la menor no logró sobrevivir.

De acuerdo con el informe del IMSS en Sonora, fue el 20 de octubre cuando la pequeña fue trasladada por la directora del plantel educativo al hospital, donde fue canalizada al área de Choque donde le aplicaron dos viales de suero antialacrán.

Sin embargo, sufrió dos paros cardiorrespiratorios y, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció. El IMSS reconoció que, al momento del ingreso de la paciente, el hospital no contaba con suero antialacrán en existencia, pero dijo que éste se consiguió de inmediato.

La FGJE confirmó que mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, tanto en el entorno escolar como en la atención médica posterior.

Luego de que en Estados Unidos se pidió sancionar a Tv Azteca y a su grupo controlador por desacato y en la Ciudad de México un tribunal federal levantó las medidas cautelares que permitían a la empresa evadir el pago de sus obligaciones por un adeudo que alcanza los 580 millones de dólares, Grupo Salinas busca diálogo con sus acreedores.

La noche del miércoles un tribunal federal revocó la protección otorgada por Miguel Ángel Robles Villegas a Tv Azteca, quien, al frente del Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, extendió una medida que blindaba a la televisora frente a la exigencia de sus acreedores que ya habían notificado del default.

Al respecto, Grupo Salinas acusó que esta decisión del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la cual deja sin efecto las medidas otorgadas por el juzgador Robles Villegas, “además de ser contraria a derecho, se refiere a una cuestión meramente accesoria, sin incidencia en el núcleo del debate ni implicación alguna respecto del fondo del caso”.

Los fondos de inversión estadunidenses, presididos por The Bank of New York Mellon, buscan que se impongan sanciones por desacato contra esta empresa, que se extiendan a Grupo Salinas, como controlador, y que se evalúe si también Ricardo Salinas Pliego como accionista mayoritario de la televisora podría tener la misma pena, tal y como sucedió en el caso con AT&T, de acuerdo con un par de cartas enviadas a la corte que lleva el caso en Estados Unidos.

La Jornada

Arca Continental, uno de los principales embotelladores de productos Coca-Cola, anunció en su reciente conference call que estima un incremento de entre 8 y 10 por ciento en el precio de sus bebidas para 2026, sin considerar el efecto de la inflación, en caso de que se implemente el nuevo impuesto a los refrescos en México.

“Hemos estimado que este aumento estaría en un rango del 8 al 10 por ciento probablemente. Y a eso tendríamos que añadir la inflación después, considerando que queremos mantenernos competitivos en términos de márgenes en 2026”, dijo el director general de la empresa, Arturo Gutiérrez.

Arca Continental enfrenta riesgos en México debido a presiones macroeconómicas, inflación, el aumento del impuesto especial (IEPS) a refrescos y bebidas saborizadas, incluyendo las “light” para el 2026, que falta ser ratificado por el Senado, así como condiciones climáticas atípicas que han afectado los volúmenes de venta.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que 63 por ciento de la población de 18 años y más en México, residente en 91 áreas urbanas (ciudades), consideró que era inseguro vivir en su ciudad en septiembre de 2025.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el tercer trimestre, julio – septiembre de 2025, presentó un cambio estadísticamente significativo en comparación con septiembre de 2024, cuando se estimó que 58.6 por ciento de la población mayor de edad se sintió inseguro, pero no representó un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en junio de 2025 (60.2 por ciento).

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Culiacán, con 88.3; Irapuato, con 88.2; Chilpancingo, con 86.3; Ecatepec, con 84.4 y Cuernavaca con 84.2 por ciento.

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 8.9; Piedras Negras, con 15.0; Benito Juárez, con 15.6; Los Mochis, con 19.2 y San Nicolás de los Garza, con 22.4 por ciento.

En septiembre de 2025, 68.2 por ciento de las mujeres y 56.7 por ciento de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro. Los hombres mantuvieron su mismo nivel de percepción que el trimestre previo, mientras que las mujeres mostraron un ligero descenso frente al cierre de junio del presente año (68.5 por ciento). No obstante, para ambos, su percepción de inseguridad es más alta que hace 12 meses (52.2 y 64 por ciento, respectivamente).

La Jornada