Los beneficios que obtienen los multimillonarios de México a través de contratos públicos palidecen respecto a los ingresos que les representa la explotación de bienes públicos a través de concesiones. Ambos canales de ingreso, no obstante, sumados a las altas barreras que hay en el sistema financiero para apalancar a nuevos competidores, y al pacto fiscal que permite una alta concentración de la riqueza, dan lugar a un arreglo de poder político y económico en pocas manos, explica Carlos Brown Solà, director de Conocimiento y Justicia Fiscal de Oxfam México.
Ponemos el foco en las concesiones porque sí son una fuente de ingresos alta, muy alta, y constante para estas personas; se complementa con la de las contrataciones públicas, que termina de hacer este arreglo entre poder económico y poder político, explica en entrevista. Detalla que las empresas de Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego –los hombres más ricos del país– siguen siendo las primeras en obras públicas por el diseño de entrada a este mercado; y si bien suman ingresos a estas fortunas, los contratos que han tenido (…) palidecen con lo que se llevan por las concesiones.
Las barreras de entrada a los mercados de obra pública se cimientan sobre un sistema financiero cuyos costos de administración, tasas de interés, primas de riesgos y demás cuotas se vuelven un obstáculo para que más empresas puedan participar, incluso surgir. Esto es causa y consecuencia, acota. La extrema concentración de riqueza en las mismas pocas personas (algunas de ellas con un banco o con participación en uno) les da el margen para participar en obra pública, pues el acceso a apalancamiento tampoco es para todos, comenta.
Entrevistado en la semana del lanzamiento de El monopolio de la desigualdad, publicación en la que Oxfam México expone que la falta de equidad en el país tiene como pilar la transferencia de riqueza del Estado a un pequeño grupo de magnates, Brown Solà detalla que esta disparidad para competir se transfiere a las empresas.
“Son muy pocas las firmas que operan obra pública en el país, son contadas las que tienen el acceso al capital que se requiere para poder realizar obras de este calado porque requieren un apalancamiento considerable (…) requieren grandes flujos de efectivo con los tiempos que tarda la administración pública en pagar los contratos”, explica.
La Jornada
