La legisladora local, Haydeé Reyes Soto, plantea una armonización de la Constitución Política de Oaxaca con la Carta Magna Federal, para que sean suspendidos los derechos para ocupar cargos, empleos o comisión en el servicio público de personas que, tengan sentencias firmes por delitos sexuales, violencia familiar, política, o sean declaradas por los órganos jurisdiccionales como deudoras alimentarias.
En su iniciativa, la congresista de la bancada de Morena, reconoce avances para sancionar a violentadores, como el decreto 875 aprobado por la LXV Legislatura local, mediante el cual se reformó la Constitución de Oaxaca para prohibir ocupar cargos de representación popular y ser titulares de las instituciones de los poderes del estado y órganos autónomos a personas violentadoras.
Sin embargo, en el documento resalta, la necesidad de ampliar la reforma constitucional para que sea más genérica y garantista.
“Lo que implica que a cualquier ciudadana y ciudadano se le suspenderá de sus derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público por incurrir en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 38 de nuestra Carta Magna”, señala el documento.
“Dicha suspensión de derechos también aplica para cualquier ciudadana y ciudadano que aspiren a desempeñar un cargo, empleo o comisión público, como por ejemplo para las y los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal, en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades y asociaciones asimiladas a éstos, o en fideicomisos públicos, así como en la Administración Pública Municipal”, explica, Reyes Soto en su iniciativa.
Para ello, propone agregar el artículo 24 Bis a la Constitución Política de Oaxaca, en el cual se establecería que no contarán con derechos aquellas personas que cuenten con una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Así, no podrían ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, hasta que se determine el restablecimiento de los derechos por la autoridad correspondiente o cumplan con lo establecido en las leyes.
Esta propuesta de armonización legislativa será presentada por la diputada ante el Pleno de la LXV Legislatura local.
