La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la divulgación de los contratos celebrados con 28 empresas y los precios a los que el Estado mexicano adquirió energía eléctrica para el estado de Baja California en 2022. El máximo tribunal rechazó que la difusión de los acuerdos comerciales vulnere la seguridad nacional, que pueda afectar el mercado eléctrico y provocar colusión entre empresas para incrementar los costos de la energía para atender casos de emergencia.
Por ocho votos contra tres se rechazó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, al considerar que fueron insuficientes los argumentos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJPEF), y que no se presentaron pruebas del daño que ocasionaría a la industria eléctrica nacional la revelación de los precios con los cuales contrató en el año 2022.
El ministro Juan Luis González Alcántara sostuvo que no existen pruebas que la divulgación de los contratos y los precios a que fue adquirida la energía “podría provocar, por ejemplo, una alza desproporcionada en las cotizaciones” ni tampoco que ello “tendría un impacto negativo en la confiabilidad del sistema eléctrico, lo que causaría un riesgo para la Seguridad Nacional”.
En tanto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, además de votar en contra de restringir la entrega de datos como lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) con respecto a la información que posee el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Asimismo, puntualizó: “respecto al argumento económico y posibilidad de corrupción de los vendedores de energía, me parece que eso es un problema de competencia económica y no del Inai”.
En su oportunidad, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo voto en contra de mantener en reserva la información de los contratos y los precios obtenidos, aunque reconoció que «históricamente se ha demostrado que no se cubre con la demanda de energía eléctrica (anualmente para el estado de Baja California) y por lo tanto es necesario realizar compras de emergencia para poder cubrir el abasto necesario”.
Dijo que los protocolos de emergencia se plantean de manera anual desde 2019 y que “si se pudiera establecer que los años venideros pudiera existir una escasez de energía eléctrica en esta región, me parece que ellos no constituye una razón para reservar la información del precio de los contratos, y que en todo caso de generarse, se tendrían que ver las condiciones y justificaciones que serían de alguna manera diferentes a las que generaron las situaciones anteriores”.
Las ministras Norma Lucía Pia Hernández y Margarita Ríos Farjat, así como los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán coincidieron en que la Constitución en su artículo sexto, señala que en cuanto a los documentos en poder de cualquier organismo del Estado, debe prevalecer el principio de máxima publicidad, y también emitieron su voto en contra de mantener la reserva de los datos en litigio.
Tras evidenciarse que ocho de los diez togados más que conforman el Pleno de la Corte votarían en contra de su proyecto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf indicó: “los contratos, incluidos sus precios, derivan de los protocolos correctivos de emergencia, y surgen con motivo de una situación excepcional para evitar y reducir al máximo un corte de suministro eléctrico en el Estado de Baja California, situación que ha sido recurrente, y seguirá así con base a las estadísticas reportadas por la Cenase”.
El proyecto en el que proponía mantener la reserva de los datos solicitados durante cinco años, tenía como finalidad que “el Estado no tenga obstáculos para restaurar el sistema eléctrico Nacional, ya que la electricidad no se almacena y las autoridades tienen que salir a subasta y esas condiciones de subasta se pueden alterar si se conocen los precios.
Es imperativo, explicó, que el Estado no encuentre obstáculos para restaurar el sistema eléctrico a un estado operativo normal y garantizar el suministro de energía eléctrica necesario para la satisfacción de otros servicios públicos”.
El proyecto de Ortiz Ahlf fue apoyado por las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmin Esquivel Mossa.
Batres mencionó que el sistema eléctrico nacional debe ser seguro y eficiente, y “resulta un asunto de seguridad nacional que que el país tenga un servicio público de transmisión y distribución de energía bajo la rectoría del Estado que asegure estándares permanentes de seguridad, eficiencia en su despacho, confiabilidad, calidad y continuidad especial”.
A su vez, Esquivel Mossa refirió: “la entrega de los contratos requeridos actualizaría un riesgo a la seguridad nacional, pues los actos de la Cenase conforme el protocolo correctivo para gestionar la contratación de potencia en caso de emergencia, resultan indispensables para mantener la integridad, la estabilidad y continuidad del servicio de suministro de energía eléctrica que se da en la península de Baja California, la cual tiene un carácter estratégico y prioritario para la población, por lo que el conocimiento de los precios podrían impactar negativamente en la concreción de futuros protocolos correctivos en esa entidad federativa”.
La Jornada
