La disputa por el tráfico de migrantes, el control por economías ilícitas como el secuestro, el despojo de propiedades a la población local y la extorsión, y la necesidad de influir en la política local son tres factores que están detrás de la guerra entre grupos criminales en Chiapas, de acuerdo con el centro de estudios Insight Crime.
El think tank con sede en Washington y Medellín publicó un análisis sobre el recrudecimiento de la violencia en la entidad sureña este jueves, mismo día que en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se tomó la decisión de que hubiera más presencia de la Guardia Nacional en aquella zona, donde la gente se siente amenazada y sin protección.
De acuerdo con Insight Crime, la escalada de violencia en Chiapas parece ser el resultado de una guerra prolongada entre el Cártal Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
La disputa entre ambas facciones responde a la lucha por el control del estado de Chiapas, cuya frontera con Guatemala lo ha convertido en un epicentro de tráfico ilícito de bienes y personas, menciona el análisis.
Fundado en 2010, Insight Crime es una organización sin fines de lucro que reúne a investigadores de media docena de países, con especialidad en temas de crimen organizado y seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe.
Insight Crime fue una de las plataformas –junto con ProPublica y Deutsche Welle– que el pasado 30 de enero publicó un reportaje sobre la investigación de la DEA relacionada con presuntas aportaciones del narcotráfico a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006.
Su reporte sobre Chiapas señala que, anteriormente, el Cártel de Sinaloa dominaba los municipios fronterizos del sur de ese estado, pero el CJNG ha disputado el poder de su rival desde 2021 con el objetivo de obtener el control sobre las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas, según documentos internos generados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre el año 2020 y 2022 y extraídos por el grupo de hackers Guacamaya.
Proceso
