La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles daños al erario por 42.5 millones de pesos en diversos contratos que el Instituto Nacional de Migración (INM) cedió a la empresa Grupo Caufi S.A. de C.V. para la instalación de albergues y puntos de revisión migratoria; aunque esa empresa en realidad se dedica a la realización de fiestas y eventos.
En una revisión a diversos contratos abiertos que otorgó la autoridad migratoria, se verificaron diversas irregularidades en la empresa, además de que no se pudo comprobar que fueran ejecutados los servicios por los que se pagó la cantidad millonaria de 545.5 millones de pesos del total de los servicios contratados a la empresa.
“Se constató que el INM no acreditó que Grupo Caufi, S.A. de C.V., cumplió con las condiciones, características, especificaciones y cantidades convenidas por los cuales le pagó 545,532.7 miles de pesos (545 millones 532 mil pesos), con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2022; tampoco acreditó la supervisión, verificación y validación de los servicios en comento”, describe la auditoría de cumplimplimiento forense 2116.
Estos datos fueron dados a conocer en la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública 2022; donde además se evidenciaron actos irregulares del INM para la contratación de mantenimiento, arrendamiento de automóviles, servicios de limpieza, y para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria.
En la revisión de contratos que se le entregaron a la empresa Grupo Caufi S.A. de C.V., se identificaron diversas inconsistencias por el pago de 106 servicios durante el ejercicio fiscal de 2022; como el pago por días excedentes a los solicitados, pagos por cantidades excedentes a los solicitados y pagos por conceptos no solicitados.
Durante ese año, el INM entregó a la empresa seis contrataciones (CS/INM/073/2021; CVS/INM/027/2021; CVS/INM/064/2021; CS/INM/029/2022; CS/INM/053/2022; CS/INM/065/2022).
Cuatro de ellos fueron contratos abiertos para la prestación de servicios y dos convenios modificatorios donde se ampliaron la vigencia y los montos de pago en un 20 y 53% respectivamente. Todos los contratos se dieron por adjudicación directa.
Durante una revisión a los montos por oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración se pudo constatar que los estados de Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco fueron los que mayor monto entregaron a la empresa para la instalación de albergues y puntos de revisión migratoria.
Tras una revisión de una muestra del monto total pagado a la empresa y tras solicitarle los documentos que comprobaran la realización de los servicios, el INM es responsable de un probable daño y perjuicio al erario público por 42.5 millones de pesos por los pagos generados, ya que la institución no generó documentos de comprobantes; además del pago por 37.4 millones de pesos por el pago de instalación de albergues, ya que el INM no cuenta con documentos que acrediten la vinculación de los servicios.
EME EQUIS
