Aunque el Gobierno federal asegura que no está “desapareciendo desaparecidos”, al menos 30 personas figuran como localizadas en el censo del presidente Andrés Manuel López Obrador sin que hayan regresado con sus familias. Dos fueron además borradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el contador oficial de esta tragedia.
Entre las personas “localizadas” están diez que desaparecieron durante la “guerra sucia”, e hijos de buscadoras que participan activamente en colectivos de Chihuahua, Morelos, Jalisco, Sonora, Veracruz y Zacatecas. En todos los casos se confirmó que las víctimas continúan ausentes.
En los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, el llamado censo de AMLO que es una actualización del RNPDNO, Virginia Ortiz Ramírez, que tenía 13 años cuando desapareció el 5 de julio de 2007 en Oaxaca, es una de las 16,681 personas localizadas. Daniela, siete años mayor que su hermana y ausente también desde ese día, está clasificada como “Se requiere información de identidad”; según las definiciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto quiere decir que no se cuenta con datos suficientes para confirmar su identidad.
“Hasta el día de hoy no hemos encontrado a ninguna de las dos”, aseguró su prima, Emelia Ortiz. Ambas hermanas son triquis de la región mixteca de Oaxaca y pertenecen al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. “Mientras pasan más años es más doloroso para nosotros sus familiares porque no sabemos si están vivas. Es una incertidumbre la que estamos viviendo a diario”.
Una investigación de Quinto Elemento Lab y su proyecto A dónde van los desaparecidos permitió descubrir que al menos 30 víctimas que continúan desaparecidas figuran como localizadas en el censo. Sus nombres permanecen inscritos en el RNPDNO, salvo en dos casos: una mujer michoacana desaparecida en julio de 2022 a los 58 años –de quien un informe de la comisión de búsqueda estatal consigna que no fue localizada– y José Marco Antonio Márquez Sandoval, un joven desaparecido en Guadalajara, Jalisco, el 13 de junio de 2017; ambos, según fue posible comprobar, han sido “borrados”.
La buscadora Lorena Guzmán recorre las fosas clandestinas de Orizaba con la esperanza de encontrar a su hijo Miguel Ángel Hernández Guzmán. Quienes se lo llevaron el 19 de mayo de 2019 de esta ciudad veracruzana no se lo han devuelto, aunque purguen una condena por secuestro y desaparición forzada. Cuando desapareció, a los 27 años, iba con dos amigos, con quienes solía jugar fútbol.
Pese a que los perpetradores han mantenido en secreto su paradero, Miguel Ángel fue incluido en el censo como localizado, sin nombre pero con el Folio Único de Búsqueda (FUB). Su madre no se explica el supuesto hallazgo. Una de las fichas del programa “¿Has visto a…?”, de la Fiscalía General de la República (FGR), todavía pregunta por su hijo.
“Están mal, no se vale eso, es delicado y le da mucho coraje a uno, impotencia”, señaló la madre buscadora del colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba. “No es verdad que mi hijo ya haya sido localizado, eso es mentira. Estamos en búsquedas, buscando [en] las fosas clandestinas, vamos de un lado a otro. Es la única esperanza que tenemos de encontrarlos, así como sea”.
El caso de Miguel Ángel proviene de una base con 12,350 FUB, el “Listado de folios localizados” publicado por el Gobierno federal. Esto significa que, de acuerdo con la metodología que dio a conocer la Segob, habría sido encontrado por los servidores de la nación durante las visitas que realizaron a domicilios de familiares para confirmar si la persona desaparecida había regresado, o bien por un informe de la fiscalía estatal.
Esa lista no incluye a quienes fueron reportados como localizados tras hallar su acta de defunción. Estos casos, un total de 4,134, serán notificados directamente a las familias. Otras 197 personas, que pudieron ubicarse en un centro penitenciario, no se especificó en qué lista estarán.
Guzmán negó haber sido contactada por los empleados de la Secretaría del Bienestar, que de repartir programas sociales pasaron a hacer visitas casa por casa; tampoco ha sido informada por las autoridades locales de que hayan encontrado a su hijo. Por eso, desde hace cinco años no ha dejado de buscarlo.
El FUB de Cristian Paola Pérez Pérez, de 29 años, también está en el “Listado de folios localizados”. Desapareció en Moroleón, Guanajuato, hace casi un año, el pasado 16 de marzo. Tiene cuatro hijos que la esperan de vuelta. Sus familiares confirman que no ha aparecido; tampoco recibieron la visita de servidores de la nación como parte de un censo del que han escuchado poco.
“Hemos pedido que se investigue, yo sé que tienen las herramientas y los mejores sistemas para trabajar con los teléfonos, y nada. Nada más el ministerio público [a cargo de la investigación] nos dice que a él le interesa mucho este caso, que es el único de 2023 que no tiene ni pies ni cabeza –la mujer fue sacada de manera violenta de su domicilio–, porque todos los demás han aparecido o hay algún indicio”, dice una de las hermanas de Cristian Paola, que prefiere no mencionar su nombre porque la familia ha sido hostigada por gente desconocida desde que hicieron pública la desaparición.
Aunque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo durante la presentación de la Estrategia Nacional que tendrían que validar la información para “formalizar” las localizaciones, también aseguró que, sobre las 16,681 personas halladas, tenían la “certeza de su paradero”. Aristegui Noticias
