Al presentar un informe sobre los 17 juicios fiscales que enfrentan las cuatro empresas que conforman Grupo Salinas, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, reportó que en conjunto, los adeudos suman 63 mil millones de pesos con actualizaciones y recargos, porque en su mayoría son incumplimientos que se originaron en pasadas administraciones, 90 por ciento corresponden a la aplicación de la figura de consolidación fiscal, que desapareció en 2013.
En la conferencia presidencial, Martínez explicó que en el SAT no se revisan las situaciones fiscales con base en los nombres de las empresas, sino a partir de las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones en el pago de impuestos. Son los contribuyentes quienes proporcionan la información a partir de sus cálculos y las autoridades fiscales revisan los datos para determinar su validez.
En lo correspondiente a los ejercicios fiscales en este sexenio, el grupo ha pagado 4 mil 868 millones de pesos: 2 mil 96 millones de pesos fue resultado de diversas auditorías y 2 mil 772 millones por una resolución.
Una década litigando
Sin embargo, respecto a ejercicios pasados, los adeudos suman 53 mil millones de pesos de las cuatro empresas en 17 juicios a raíz de auditorías realizadas de 2008 a 2018. El monto observado por el SAT era de 38 mil millones de pesos, pero con la actualización por inflación y los recargos, asciende a 53 mil millones. Además, en esta administración el SAT emitió créditos fiscales a favor del consorcio por 10 mil millones de pesos, teniendo finalmente un adeudo de 63 mil millones de pesos.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y anterior titular del SAT, Arturo Medina, explicó como se ha dado la ruta legal, pues Grupo Salinas usando su estructura legal y corporativa, ha impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que la obligaría al pago de sus impuestos. En uno de los juicios, de marzo de 2014, la empresa tenía la obligación de pagar sus impuestos. Y en noviembre de 2015 el SAT revisó este tema.
Grupo Salinas se inconformó y promovió juicio de nulidad, recurso que ha ido perdiendo, la empresa interpuso un juicio de amparo, el cual intentó resolver en 2021 un tribunal colegiado, pero la empresa lo impidió porque solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad excepcional de atracción, con lo cual se suspendió temporalmente la resolución.
Solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción para diferir aún más el proceso y contó con el ministro Luis María Aguilar, quien guardó el expediente ocho meses, hasta que sus compañeros ministros determinaron que debería resolver el tribunal colegiado.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano aludió a las tácticas dilatorias de Grupo Salinas apelando a interpretaciones jurídicas a su favor sobre sus obligaciones fiscales que ha perdido, porque la autoridad fiscal ha podido comprobar la correcta interpretación de las normas; ha alegado la inconstitucionalidad de leyes fiscales que les afectan, pero tampoco ha prosperado.
“Argumentan que las autoridades fiscales cometen errores en sus auditorías y revisiones, llamados ‘errores de forma’. Y la autoridad ha defendido la legalidad de sus actos y sus procedimientos, y en algunos de los casos en que se han detectado situaciones de forma que hay que corregir, la autoridad fiscal lo ha llevado a cabo subsistiendo los actos y pudiendo reponer los procedimientos adecuadamente.”
Galeano dijo que prácticamente se le han agotado a Grupo Salinas los recursos legales en algunos juicios por lo que, tras la decisión dela SCJN de devolver el caso al Tribunal Colegiado en enero pasado, estiman que en un plazo de 120 días, esta instancia judicial resuelva el fondo del asunto. La Jornada
