En los nueve años de la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE) se aplicó una política de sobrestimación del gasto para generar remanentes, que de 2014 a 2023 ascendieron a 10 mil 515 millones de pesos, de los cuales sólo se reintegraron a la Tesorería 4 mil 79 millones, explicó ayer a diputados Luis Oswaldo Peralta Rivera, encargado del Órgano Interno de Control (OIC) del organismo electoral.
No obstante, destacó que los problemas administrativos detectados definitivamente no ponen en riesgo la elección en marcha y que el INE es administrativamente estable para enfrentarla.
Resistencia a la devolución
Había gran resistencia a la devolución del gasto no ejercido, expresó en reunión con la junta directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para desglosar el informe 2023 del OIC.
Explicó que continúa la investigación por el desembolso de 11.6 millones para la memoria de gestión de Córdova, y que a partir de 2015 se documentó cómo de enero a octubre de cada año se contenía la erogación en el INE, pero entre diciembre y enero se ejercía lo más posible para no devolver a la Tesorería.
Puso de ejemplo que en 2020 se vivió uno de los gastos más complicados: en enero se usaron 33 millones, pero en diciembre mil 348 millones, y también había mil 344 millones de remanente. Sin embargo, el instituto sólo reintegró 698; el resto se usó para adecuaciones presupuestales y enviar el dinero particularmente a dos fideicomisos y no devolver el grueso de la disponibilidad.
Peralta Rivera presentó a los diputados un cuadro con el presupuesto aprobado para el INE de 2014 a 2023, que ascendió a 239 mil 379 millones 345 mil 339 pesos.
En ese lapso, la mayoría de remanentes se destinó a los dos fideicomisos del instituto: 3 mil 116 millones 562 mil 759 pesos al de pasivo laboral y 3 mil 168 millones 879 mil 505 al de infraestructura, atención ciudadana y mejoramiento de módulos.
El contralor presentó como caso emblemático de las presuntas irregularidades el gasto para un supuesto informe de la gestión de Córdova.
Antes de la salida de la presidencia anterior se llevó a la Junta General Ejecutiva ese proyecto, que tenía como finalidad hacer un informe, una memoria de toda su gestión, pero terminó no siendo eso, sino el pago de tres contratos por 11 millones 614 mil pesos para asesoría a funcionarios del INE.
A pregunta expresa de Hamlet García Almaguer (Morena) respecto a una eventual sanción a Córdova, dijo que si derivado de la investigación se encuentran responsabilidades administrativas de funcionarios del INE, serán destituidos, y en el caso de ex funcionarios, serán inhabilitados.
La Jornada
