A pesar de que cada año aumentan las denuncias de abuso sexual infantil, agentes del Ministerio Público y jueces carecen de la capacitación necesaria para atender estos casos, incrementando la impunidad y la cifra de asuntos no denunciados ante las autoridades, alerta la directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), Mariana Gil Bartomeu.
En entrevista, la defensora resalta que persiste la insensibilidad en autoridades que atienden casos de abuso sexual infantil, a pesar de que desde 2019 México es considerado el país con mayor incidencia en esos delitos, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Cifras del organismo internacional indican que sólo 1% de los casos de abuso sexual infantil denunciados en México traen como consecuencia una sentencia condenatoria, lo que deja en la impunidad un amplio número de agravios contra personas menores de 17 años.
La ODI ha representado legalmente a víctimas de abusos sexuales y de pornografía infantil, de manera preponderante en casos ocurridos en instalaciones educativas.
Por la experiencia en el litigio, Gil Bartomeu cuenta que entre los errores más frecuentes en que incurren agentes ministeriales y que derivan en que los asuntos se caigan al someterlos a jueces es que “cuando se entrevista a los niños y niñas víctimas, desde el inicio, los fiscales pretenden ‘cuadrar’ los casos, por así decirlo, a especificaciones de modo, tiempo y lugar, conceptos que los niños y niñas no tienen”.
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