Los más de 4 mil pobladores desplazados del municipio de Tila acordaron no regresar a sus casas, pues consideran que no existen las condiciones de seguridad suficientes.
También dijeron que no van a retornar hasta que tengan certeza jurídica sobre sus propiedades y que se aplique el estado de derecho contra quienes destruyeron sus bienes y provocaron su salida del pueblo el viernes de la semana pasada.
Si nos dicen que se va a quedar el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), ¿cuánto tiempo nos van a proteger si el gobierno no les da derecho a hacer lo que deben, es decir, a detener?, dijo una mujer.
Ante cientos de personas reunidas en asamblea en el vecino municipio de Yajalón, donde están refugiados, una habitante preguntó: ¿cómo vamos a regresar?, o, ¿quieren regresar ustedes?, a lo que la mayoría respondió: No.
Autoridades federales, estatales y municipales de Tila acordaron el lunes que ayer comenzaría el regreso de los más de 4 mil desplazados, para lo cual la Secretaría de Protección Civil estatal había dispuesto transporte.
Según el convenio, las fuerzas de seguridad federales y estatales acompañarán el retorno y permanecerán en Tila el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de la población.
Acuerdos unilaterales
Otra mujer desplazada que tomó la palabra afirmó que no reconocen esos acuerdos tomados de manera unilateral en una mesa de diálogo, al tiempo que demandó castigo a los criminales de ese grupo de Autónomo.
Un hombre que también pidió el anonimato, comentó: Supimos el lunes que estuvo en la negociación el cura Heriberto Cruz Vera (ex párroco de Tila), junto con el alcalde (Limber Gutiérrez Gómez). Ha sido una negociación oculta, no a través de la cara de los desplazados y despojados, sino que se hizo a escondidas y nadie supo de qué se trató.
Expresó que se debería tener un diálogo con los compañeros y el comisariado legal; que nos tomen en cuenta, porque nunca nos han respetado. Hemos metido escritos ante el gobierno, pero jamás nos hicieron caso.
En entrevista colectiva, agregó: La condición de los desplazados para regresar es que se aplique el estado de derecho, que nos garantice la seguridad el gobierno y la fiscalía para regresar cada uno de los despojados a nuestra casa. Que ingresen la GN y la Policía de Seguridad Pública. Otro poblador desplazado manifestó que si no fuera por instituciones de fuera que nos apoyaron, por los militares y los que nos escucharon, no hubieran salido de Tila, municipio chol en el norte de la entidad.
Agregó que otras personas “vienen a decidir por nosotros, y preguntó: ¿como quién? Siempre es el cacique (Gutiérrez Gómez, alcalde de Tila) que ha gobernado 30 años.
Es que viene a dar órdenes por nosotros. Cuando es tiempo de elecciones quiere hasta que le besen su pie; todos vamos y lo abrazamos, pero ahora no nos apoya ni voltea a ver a nuestro pueblo cómo está.
Pidió unir fuerzas e ir a la fiscalía a manifestarse porque existe la libertad de expresión y tenemos el derecho de protegernos.
Otro indígena chol lamentó que “es grave la situación que estamos viviendo en el poblado de Tila. El 4 de junio empezó la matanza por los Autónomos. Se han dirigido a asesinar a cada persona que vive en el ejido. No sólo están matando a esas personas sino también a los habitantes de los ocho anexos que componen el ejido”.
Una mujer sostuvo que “lo que pasó estos días en Tila no fue un enfrentamiento; si lo hubiera sido hubiéramos tenido la capacidad de responderles (a los Autónomos). Nos atacaron otra vez”.
Advirtió que si regresamos en estas condiciones nos van a volver a sacar, por lo que reiteró su propuesta de no retornar mientras no haya garantías de seguridad, y hasta en tanto el ejido no nos quiera dar la certeza sobre las 130 hectáreas en las que está el caserío, nuestras casas. No queremos tierras.
La Jornada
