La corrupción que prevalecía en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) provocó un daño al erario por más de 15 mil millones de pesos en pensiones infladas, por lo que se ha denunciado a 3 mil 233 personas por este delito penal.
Así lo informó en la mañanera presidencial el procurador de la Defensa del Contribuyente, Armando Ocampo Zambrano, al dar a conocer un reporte sobre las acciones contra la corrupción e impunidad que prevalecieron en ese instituto, sobre todo en el periodo neoliberal.
Se identificó en el Issste un modelo criminal de complicidad de trabajadores en activo, ex trabajadores, abogados particulares y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, careciendo de competencia en materia pensionaria, de manera ilegal incrementaba las pensiones. Esto, desde luego, implica la atribución y generación de una responsabilidad de tipo penal, enfatizó.
En meses pasados, La Jornada documentó daños a los recursos del Issste por fraudes con pensiones por cerca de 13 mil millones de pesos.
Por estas acciones, agregó el funcionario, se han presentado 57 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y, al día de hoy, 17 carpetas de investigación fueron judicializadas, por lo que en breve 27 personas enfrentarán procesos penales y cinco han sido vinculadas.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador detalló que se logró frenar el pago ilegal de pensiones por 7 mil 153 millones de pesos y se evitó el cobro de mil 398 cheques irregulares por un monto de mil 188 millones. Ambas cifras suman un rescate de 8 mil 341 millones.
Añadió que como parte de las acciones ordenadas en 2022 por el mandatario federal para recuperar el instituto, otras irregularidades detectadas fueron saqueos, afectación al patrimonio, desvío de recursos, sobornos, laudos irregulares, doble pago de facturas, entre otras actividades ilícitas, lo que implicaría responsabilidades administrativas, fiscales y penales.
Se han recuperado mil 877 millones de pesos a través de actos de fiscalización y procedimientos administrativos al interior de la Función Pública.
En lo administrativo se cuenta con 207 investigaciones, 731 sanciones específicas a servidores públicos y 114 sanciones también a licitantes, contratistas y proveedores; en lo que toca a las responsabilidades fiscales y penales se han dado 714 acciones contra empresas, que van desde vistas, auditorías, procedimientos fiscales, así como de procedimientos de investigación de tipo financiero.
La Jornada
