Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer ayer que el consorcio empresarial Latinus obtuvo 2 mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entre 2019 y 2024, y que se le investiga por delitos de lavado de dinero y actos de corrupción.
Detalló en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, que a partir de alertas emitidas por bancos mexicanos por movimientos financieros inusuales e información obtenida mediante inteligencia financiera, se detectaron triangulaciones de dinero proveniente de las arcas públicas que fue pagado a dos de las empresas del grupo Latinus por supuestos servicios de salud y luego enviado a otras firmas del consorcio para pagar a sus periodistas.
Señaló que se investiga a los socios accionistas de Latinus, en particular a quien aparece como dueño del consorcio: Cristian González Guadarrama, y descartó que en la denuncia presentada ante el Ministerio Público por la UIF en 2021 por las irregularidades observadas estén incluidos Carlos Loret de Mola u otros periodistas de Latinus.
Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus, detalló el funcionario.
Las cinco cabezas
Gómez Álvarez expuso que Latinus está integrado por cinco empresas: Latinus Media Group, Latinus Media Radio SA, Latinus Media MX Hub SA de CV, además de BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic Services SA de CV.
Estas dos últimas son exclusivamente utilizadas como instrumentales, sostuvo el titular de la UIF, y agregó que reciben recursos públicos de los estados a cambio de productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso y son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama.
Dio a conocer datos que indican que entre 2021 y 2024 el gobierno de Nuevo León –encabezado por Samuel García– pagó al consorcio 29 millones de pesos; el gobierno de Sinaloa, del entonces gobernador priísta Quirino Ordaz, les pagó 15 millones en 2021; en ese mismo año el gobierno del panista Francisco Cabeza de Vaca pagó 4 millones.
En tanto, el TEPJF hizo pagos entre 2019 y 2023 por 381 millones a tres empresas, Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic, ligadas con el consorcio; los gobiernos del estado de México, encabezados por Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, pagaron mil 117 millones de pesos entre 2020 y 24; el gobierno de Silvano Aureoles, en Michoacán, pagó entre 2019 y 2023, 698 millones, y entre 2020 y 23 los gobiernos de Hidalgo, de Omar Fayad, y Julio Ramón Menchaca hicieron pagos por 190 millones de pesos.
Gómez Álvarez, quien también dio a conocer una nómina de Latinus, expuso que una de las empresas que conforman el grupo empresarial tiene sede en Delaware, Estados Unidos, estado al que se refirió como un paraíso fiscal. Esto, agregó, ha complicado las investigaciones y se ignora quién es el dueño de dicha firma y de dónde proceden los recursos con los que opera.
La Jornada
