El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, explicó que el daño patrimonial por el caso de corrupción en Segalmex, Liconsa y Diconsa fue de 2 mil 700 millones de pesos, y no de 9 mil 500 millones, como se estableció en las primeras observaciones de fiscalización de 2019 y 2020.
Roberto Salcedo explicó que, de acuerdo con las observaciones de fiscalización 2019-2020, llevadas a cabo por la ASF y la SPF, dieron como resultado indicios por irregularidades por 9 mil 500 millones de pesos de posible daño patrimonial. Sin embargo, aclaró que “es importante recordar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización no son desvío de recursos”, ya que son información preliminar que requieren más información, “por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales hasta en tanto no se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento”.
Por ello, tras las labores del grupo de trabajo y de las tres dependencias investigadas, Liconsa, Diconsa y Segalmex, se presentaron las justificaciones de las observaciones: De los 9 mil 500 millones de pesos observados como posible daño al erario en las cuentas públicas 2019-2020, 4 mil 700 millones ya fueron aclarados con evidencias, 2 mil 100 millones están en proceso de análisis por parte de las instancias fiscalizadoras y 2 mil 700 no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este es el daño patrimonial por el que se presentaron las denuncias correspondientes.
Además, el titular de la SFP explicó que en los años fiscales de 2021, 2022, 2023 y 2024 se han solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador, tanto de la ASF como de la SFP.
Por su parte, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Grisel Galeano García, informó que se ha presentado 156 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los 2 mil 700 millones de pesos de daño al erario en el caso de Segalmex, que incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación directa de recursos.
A partir de estas denuncias, 47 personas fueron investigadas y cuentan con orden de aprehensión, de las cuales 26 ya están vinculadas a proceso penal (9 servidores públicos y 17 particulares) y una persona está detenida en Argentina con fines de extradición a México. Además, las principales personas exservidoras públicas responsables de los hechos se encuentran en prisión: Rene “N”, extitular de Administración y Finanzas de Segalmex, Manuel “N”, extitular de la Dirección Comercial de Segalmex y José “N”, extitular del Área de Operaciones de Diconsa.
Roberto Salcedo Aquino recordó que Segalmex se creó en 2019 con el objetivo de rescatar al campo y apoyar a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país, y tomó como base las estructuras de Liconsa y Diconsa. “Sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades, y la obsolescencia de sus sistemas informáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa.”
Salcedo Aquino explicó que a partir de auditorías, denuncias de funcionarios y del deterioro de la calidad de rendición de cuentas por Segalmex, Liconsa y Diconsa, se tomó la decisión de “cambiar a las personas servidoras públicas de mando” para corregir la problemática en estas dependencias.
Uno de los primeros resultados de las investigaciones fue la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles, hecho por el que se presentaron las denuncias penales correspondientes.
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