Sin atender las medidas cautelares emitidas por juzgados federales, el Congreso del Estado aprobó, por mayoría de votos, la reforma estatal en materia judicial, por lo que Michoacán se convirtió en la primera entidad en legislar al respecto en el ámbito local.
En un Palacio Legislativo resguardado por elementos de diversas corporaciones de seguridad, con 30 votos a favor de Morena y sus aliados y 8 en contra de parte de los diputados de oposición, el Poder Legislativo dio luz verde al dictamen de la iniciativa enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Desde el pasado 17 de octubre, cuando se desarrollaba el proceso legislativo de la reforma judicial michoacana, el Congreso local fue notificado de la suspensión emitida por el juez sexto de distrito, con sede en Uruapan, René Castro Lara, dentro del juicio de amparo 770/2024.
El juzgador federal ordenó: “La Legislatura del Estado de Michoacán no deberá realizar las adecuaciones a la Constitución local, a que se refiere el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Michoacanos, en materia de reforma al Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de dos mil veinticuatro, en el Diario Oficial de la Federación”.
Con base en lo anterior, desde el inicio de la sesión legislativa de este jueves diputados de oposición cuestionaron que se incluyera en el orden del día el tema de la reforma judicial estatal, pues con ello se desacataría el mandato judicial.
Las diputadas Ana Vanessa Caratachea, del PAN; Adriana Campos, del PRI, y el independiente Conrado Paz, reclamaron al presidente del Congreso, Juan Antonio Magaña, el hecho de que no se haya informado a los diputados la existencia de las notificaciones judiciales y le preguntaron su número.
Magaña señaló que, además de la suspensión del Juzgado Sexto con sede en Uruapan había seis más procedentes de juzgados de Guadalajara, Jalisco, y aseguró que todas fueron informadas a las comisiones encargadas de la dictaminación, por lo planteó que los legisladores debían ponderar entre atender una suspensión judicial o cumplir lo establecido en uno de los artículos transitorios de la Constitución General de la República.
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