En comisiones del Senado se aprobó hoy por unanimidad las reformas que elevan a rango constitucional el derecho a una vivienda adecuada y diversos programas sociales, si bien la oposición planteó que estos últimos no se usen con fines electorales.
La primera propuesta contempla modificar el artículo 123 de la Carta Magna y no solo garantiza el derecho a una vivienda adecuada, sino que también convierte al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en constructor y arrendador.
El documento establece que los empleados después de un año de cotización puedan acceder a viviendas en arrendamiento social propiedad del Infonavit. En esta modalidad, la mensualidad no podrá exceder el 30 por ciento del salario.
Por lo que hace a la segunda reforma, se coloca como una obligación de la Federación y los Estados, el garantizar una pensión a personas con discapacidad permanente.
La propuesta que modifica los artículos 4 y 27 de la ley suprema, también fija que la edad para comenzar a recibir la pensión de adulto mayor será 65 años, la entrega de un jornal seguro a campesinos que participan en el Programa Sembrando Vida, la entrega de fertilizantes gratuitos a pequeños productores y mantener precios de garantía para maíz, frijol, arroz y trigo. La Jornada
