El pleno de la Cámara de Diputados avaló, por unanimidad, las modificaciones que los senadores hicieron al dictamen de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Aunque en lo general se aprobó con 450 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, en lo particular se avaló con 409 a favor, 33 en contra y una abstención y se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor de inmediato.
La nueva ley, que es reglamentaria del artículo 73 de la Constitución, incluye diversas modificaciones al Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a propuesta de la presidenta Sheinbaum.
Con los cambios y correcciones que el Senado hizo, en la ley quedó establecido elevar el tipo penal básico hasta 25 años de cárcel, que podría aumentar hasta 42 años cuando haya agravantes como “cobro de piso”, extorsión a migrantes o menores, uso de violencia o se lleva a cabo desde algún reclusorio.
Además, ahora el delito será perseguido de oficio, lo que busca facilitar la acción legal sin necesidad de denuncia previa.
Entre las modificaciones más polémicas destaca, en el artículo 21, la que regresó a la sanción original de entre 10 y 20 años de prisión, que propuso la presidenta, a los agentes de los ministerios públicos, policías y custodios de penales que no denuncien la realización de ese ilícito y con ello auxilien a los delincuentes.
