La empresa SEICSA, acusada por la FGR de participar en una red de tráfico de armas y huachicol vinculada a Raúl Rocha Cantú, recibió entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos de la propia Fiscalía para vigilar sus instalaciones.
De acuerdo con información obtenida por Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), la compañía forma parte de un entramado en el que se adquiría, rematriculaba y distribuía armamento a grupos criminales con permisos de portación registrados a nombre de empresas de seguridad, lo que evitaba detenciones en flagrancia.
Estos contratos abarcaron servicios de vigilancia en sedes, unidades administrativas y delegaciones de la FGR en todo el país, e incluyeron uno por 181 millones de pesos solo en 2021. El operador de SEICSA, Jorge Enrique Alberts Ponce, señalado por coordinar el remarcado y distribución de armas, también ha sido vinculado a desfalcos en Segalmex mediante otra empresa.
