La fracción de Morena en el Congreso local se fracturó luego de que 10 de los 16 integrantes de esa bancada rompieron con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusaron de persecución política. Y para evitar ser detenidos restauraron el fuero constitucional –abrogado en 2016– que los protegía de arbitrariedades en la aplicación de la ley.
El domingo, luego de la sesión para instalar el periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura estatal, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE); se afirmó que había orden de aprehensión contra al menos dos diputados, uno de ellos el líder parlamentario, José Antonio Jiménez.
Durante esa sesión, Jiménez denunció ser blanco de persecución política. Expuso que “la dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele”, y sostuvo que “la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”.
En respuesta a publicaciones de medios afines a la mandataria Sansores, en las cuales se le acusó de traidor, Jiménez aseguró que “resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el corazón”.
A mediados de diciembre pasado, luego de que el Congreso estatal recibió la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que consideraba contratar deuda pública por mil millones de pesos, Jiménez planteó que se analizaría la propuesta con detenimiento, y el grupo parlamentario morenista buscaría alternativas para no endeudar al pueblo.
La Jornada
