La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de forma provisional este lunes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus redadas itinerantes contra la inmigración ilegal en el sur de California, operaciones muy criticadas por la oposición demócrata y organizaciones de derechos humanos.
Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía migratoria (ICE) detener en Los Ángeles y su región a personas con base únicamente en una serie de cuatro factores.
Estos factores eran: su presencia en un lugar generalmente asociado con la mano de obra inmigrante —parada de autobús, lavadero de autos, campo agrícola o ferretería—, el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica.
La intensificación de las redadas en este tipo de lugares donde trabajan latinoamericanos ha generado polémica desde principios de junio en Los Ángeles, y provocó manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump.
“La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (…) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos”, reaccionó el gobernador demócrata, Gavin Newsom.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la decisión como un “ataque” contra las libertades civiles.
“El estado de derecho solía significar algo no solo para nosotros, sino también para la Corte Suprema, pero ahora, de un plumazo, ha socavado los derechos de millones de personas”, comentó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) adelantó que continuará la batalla legal para intentar “detener las redadas inconstitucionales”.
Excelsior
