Tras 15 días del paro nacional popular, las posibilidades de un diálogo entre el gobierno y la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se cierran y la amenaza de mayor represión se incrementa con una nueva declaratoria de estado de excepción en doce provincias. Hasta este domingo han detenido a más de 150 personas, hay un comunero asesinado y más de 50 bloqueos en distintas zonas del país, que se desactivan y activan conforme la fuerza policial ingresa o sale de esas zonas.
Los diferentes organismos de defensa de los derechos humanos han denunciado que la mayoría de las detenciones son arbitrarias y se han violentado los procesos legales para acusar de terrorismo a los manifestantes.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, advirtió este fin de semana al gobierno: “la paciencia se nos va a acabar, señor presidente”, fueron sus palabras durante una reunión con comuneros en la zona central de la sierra ecuatoriana.
Recordó los episodios en los que ex presidentes como Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez dejaron el poder tras fuertes movilizaciones sociales, y advirtió al actual gobierno que podría enfrentar una situación similar si no escucha las demandas populares.
Frente a ello, los aliados del Ejecutivo señalaron la posibilidad de una intervención militar extranjera en caso de desestabilización política: “Existe un acuerdo militar que permite a las fuerzas armadas de Estados Unidos ingresar a Ecuador si la democracia está amenazada; fue firmado en el gobierno anterior”, dijo Carlos Jijón, ex secretario de Comunicación del ex presidente, Guillermo Lasso, en un canal local.
Los acuerdos militares no se conocen en su totalidad y, según la declaración de Jijón, esa acción abriría un investigación legislativa en la Asamblea Nacional, tal como lo destacaron algunos legisladores de la oposición.
