Juez dictamina que el despliegue de tropas de Trump en Los Ángeles violó la ley federal
Un tribunal federal de California resolvió que la administración del presidente Donald Trump violó la Ley Posse Comitatus al enviar a miembros de la Guardia Nacional y a marines en servicio activo a Los Ángeles a comienzos del verano, en respuesta a protestas contra operaciones de control de inmigración.
En un fallo de 52 páginas, el juez de distrito Charles R. Breyer concluyó que el despliegue contravino la prohibición histórica de emplear a las Fuerzas Armadas en funciones de aplicación de la ley interna. El dictamen impide a la administración utilizar a la Guardia actualmente desplegada en California y a cualquier tropa militar en el estado con fines de aplicación de la ley civil.
La orden limita expresamente la participación de miembros del servicio en arrestos, aprehensiones, registros, incautaciones y control de tráfico y multitudes.
La decisión llega tras un juicio de tres días en el caso que el gobernador Gavin Newsom presentó en junio, luego de que el presidente anunciara el envío de contingentes de la Guardia Nacional de California a Los Ángeles para “sofocar” protestas surgidas en respuesta a los operativos de control migratorio en la zona. La corte consideró que la actuación descrita por el estado —con soldados estableciendo perímetros y puntos de control— rebasó los márgenes legales.
La Ley Posse Comitatus, vigente desde 1878, prohíbe el uso de tropas federales para la ejecución de leyes domésticas, salvo que el Congreso lo autorice de manera expresa o medie una excepción estatutaria. A lo largo de su historia, el principio ha sido entendido como un resguardo frente a la militarización de funciones civiles.
En su presentación, el gobierno de California sostuvo que el despliegue ubicó a soldados y marines en funciones policiales directas, vulnerando la norma. La defensa federal, por su parte, alegó que las fuerzas no “aplicaban la ley” sino que apoyaban a agentes federales en la protección de personal e instalaciones, argumento que el tribunal no acogió al valorar los hechos y el alcance real de las tareas realizadas sobre el terreno.
Excelsior
