El consorcio empresarial Grupo Salinas informó que presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano. La denuncia, encabezada por el presidente y fundador del grupo, Ricardo Salinas Pliego, acusa una estrategia de “persecución política” que habría iniciado en el año 2023.
La acción legal se formalizó durante un encuentro en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Según el comunicado de la organización, el expediente documenta presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante el uso coordinado de herramientas fiscales, judiciales y administrativas.
La representación de Grupo Salinas expuso ante el organismo internacional cuatro ejes que, a su juicio, configuran un patrón de hostigamiento institucional:
Criminalización de la crítica: La denuncia señala el uso de medios y vocerías oficiales para afectar la reputación de Salinas Pliego. El grupo asegura que se han dedicado “más de 300 conferencias matutinas” a sus asuntos personales y empresariales con el fin de “silenciar la disidencia”.
Hostigamiento administrativo: Se reportó un incremento en el número de auditorías. Según el texto, estas se habrían “duplicado en las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum” en comparación con periodos previos.
Reforma Judicial: El documento advierte sobre una “captura del Poder Judicial”, argumentando que la reciente reforma en la materia ha erosionado la independencia de los tribunales en México.
Uso político del aparato fiscal: El empresario sostiene que el Estado ha mantenido un trato “discriminatorio” en la resolución de obligaciones tributarias, acusando un fin coercitivo por encima del recaudatorio.
La petición ante la CIDH busca que el organismo declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las acciones señaladas. Entre las medidas solicitadas, Grupo Salinas insta a que se ordenen “garantías de no repetición” que permitan restaurar la independencia judicial y proteger el derecho de propiedad y la libertad de expresión en el país.
Aristegui Noticias
